Trabajadores del campo intelectual, científico, del periodismo y la cultura rechazaron hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables y llamaron a “la reflexión” de los miembros del máximo tribunal “para que no se vulneren los principios del federalismo, de la división de poderes y de la vida democrática”.
Argentina26 de diciembre de 2022
Sures Noticias
Mediante una carta digital, referentes y representantes de distintos ámbitos desaprobaron la decisión de la Corte que, según indicaron, “reintegra en forma absolutamente indebida recursos pertenecientes al conjunto de los pueblos de la Nación Argentina y a sus provincias”.
En el documento de Google, que continúa abierto para quienes quieran sumarse al rechazo, recuerdan que “una de las primeras decisiones del ex presidente Mauricio Macri fue la de reasignar al distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de un decreto, partidas de la coparticipación federal pertenecientes al conjunto de la Nación”.
“Los motivos fueron estrictamente políticos y aquel decreto presidencial vulneraba la Ley de Coparticipación Federal y le asignaba más recursos aún al distrito más rico y poderoso del país en detrimento del resto de las provincias”, destacaron.
Y subrayaron que por “tales motivos el gobierno nacional electo por el pueblo en el año 2019, retrotrajo la situación por medio de un Decreto presidencial, devolviéndole a las provincias los recursos que por ley les corresponden”.
“Se había restaurado la legislación vigente y respetado la voluntad de las provincias”, señalaron.
Para los firmantes, el fallo es “de imposible cumplimiento” y presenta “varias inconsistencias”.
En ese sentido, enumera que “desconoce que la coparticipación sólo puede acordarse por Ley y con la aprobación de todas las provincias; le otorga a CABA un carácter legal que esta no tiene (el de Provincia); se atribuye –la CSJN- potestades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (la coparticipación se establece por Ley) y, finalmente, desconoce que de restituirse los recursos que pertenecen genuinamente a las provincias y sus pueblos se vulnera y afecta el principio federal y se afectan las condiciones de vida de millones de habitantes del suelo argentino”.
En esa línea, destacan que “coinciden con el gobernador Axel Kiciloff al señalar el carácter arbitrario de la resolución de la Corte y su calificativo: inmundicia”.
“Llamamos a la reflexión a los miembros de la CSJN para que no vulneren los principios del federalismo, de la división de poderes y de la vida democrática con fallos y decisiones alejadas de la independencia judicial y teñidas de un fuerte tinte político”, completó la carta.
Entre los firmantes aparecen Teresa Parodi; Ricardo Forster; Rosa Bru; Jorge Aleman; Eduardo Rinesi; Alejandro Apo; Roberto Salvarezza; Cristina Banegas; Liliana Herrero; Rita Cortese; entre otros.
El miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
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El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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