El Poder Ejecutivo promulgó la ley que incorpora las prestaciones asociadas al abordaje integral de la violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) de la medicina prepaga y las obras sociales, que deberá comenzar a regir dentro de 90 días.
Argentina 10 de noviembre de 2022
Sures Noticias
La promulgación se realizó mediante el decreto Decreto 759/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
La ley 27.696 de Abordaje integral de personas víctimas de violencia de género fue aprobada el 27 de octubre pasado por la Cámara de Senadores, luego de la media sanción en la Cámara de Diputados.
La ley dispone la incorporación al PMO un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas. Inclúyanse todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
De acuerdo con el texto de la norma, las obras sociales, los prestadores de salud y los organismos comprendidos en la ley, deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas.
En ese sentido, se aclara que están obligados a brindar cobertura como prestación obligatoria las obras sociales, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados.
El articulado de la ley también especifica que se define como violencia de género la problemática sociosanitaria que deriva de lo establecido en la ley de Protección Integral a las Mujeres.
La ley entrará en vigor a partir de los 90 días de su promulgación, según el artículo 6 de la norma, y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir.
Dirigentes gremiales de la mesa chica de la central obrera informaron a Somos Télam que recibirán a senadores nacionales para "seguir construyendo puentes a través de las cuestiones políticas y las leyes que el Gobierno ha presentado o presentará en el Parlamento".
Mediante un comunicado firmado por los titulares de APA, APLA, APTA y UPSA, los dirigentes apuntaron al Gobierno de Javier Milei y enfatizaron que "el achicamiento implica una pérdida de soberanía, lo que tendrá efectos concretos sobre la destrucción de trabajo argentino y la entrega de la aviación a compañías extranjeras".
En un comunicado con el título "Condenamos la reciente violencia contra el pueblo" El Frente por la Soberanía Nacional señala que el gobierno libertario ha atacado como en las mejores épocas de la dictadura a los trabajadores de prensa, movileros, fotógrafos, camarógrafos, quieren acallar las voces diferentes, las que se oponen a sus políticas de quita de derechos y desguace del Estado, a la par de una entrega vergonzosa de la soberanía de la patria.
El jueves pasado, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio en un taller textil clandestino, ubicado en la calle Luis Viale de Caballito, conmemoraron los 18 años del trágico suceso en el que fallecieron seis personas. Durante el acto, exigieron que el lugar se convierta en un espacio de memoria contra la trata de personas para explotación laboral.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo sábado la inauguración de un microestadio en el Municipio de Quilmes por invitación de la intendenta local, Mayra Mendoza, y al ratificar su presencia en ese acto en un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró que el pueblo argentino “está siendo sometido a un sufrimiento inútil”, por parte del gobierno del presidente Javier Milei.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo sábado la inauguración de un microestadio en el Municipio de Quilmes por invitación de la intendenta local, Mayra Mendoza, y al ratificar su presencia en ese acto en un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró que el pueblo argentino “está siendo sometido a un sufrimiento inútil”, por parte del gobierno del presidente Javier Milei.
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa iniciará a las 9.30 la audiencia en la que escuchará las últimas palabras de los acusados, tras lo cual brindará su sentencia en lo que es el juicio número 14 por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado en la provincia mediterránea. Las organizaciones de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los DDHH y el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba convocaron a asistir a la lectura de la sentencia.
Más de 8.000 personas participaron de la propuesta conjunta realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. El paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura para oficializar el nuevo nombre del puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.