El temario, acordado entre todas las fuerzas políticas, consta de proyectos dictaminados con la firma de las diferentes bancadas que conforman la Cámara alta.

El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos, promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos y propone ampliar el alcance de la norma sancionada originalmente en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios.

Esa iniciativa y la que dispone expropiar el edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, en el que murieron 194 personas y 249 sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria, si son sancionadas sin modificaciones se convertirán en ley.

Lo mismo ocurriría con la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las que se llevan a cabo en bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro.

En cambio, los otros proyectos incluidos en el temario difundido oficialmente hoy deberán ser ratificados por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Uno de ellos es el que obliga a las empresas de medicina prepaga a incorporar la detección y la atención médica de los casos de violencia de género.

El otro es el Plan Nacional de Ciencia y Técnica 2030, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y dictaminado hace un mes.

La última vez que la Cámara alta sesionó fue el 22 de septiembre, cuando se aprobó y se giró a Diputados el proyecto de ley que amplía de cinco a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.