El Senado Nacional sesionará hoy para debatir además proyectos acordados entre el oficialismo y la oposición, entre los que se destacan el que suspende por 10 años los desalojos de terrenos donde se levantaron barrios populares y la expropiación del predio donde funcionó el boliche Cromañón, abandonado tras el incendio en el cual murieron casi 200 personas en 2004.
Argentina27 de octubre de 2022
Sures Noticias
El temario, acordado entre todas las fuerzas políticas, consta de proyectos dictaminados con la firma de las diferentes bancadas que conforman la Cámara alta.
El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos, promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos y propone ampliar el alcance de la norma sancionada originalmente en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios.
Esa iniciativa y la que dispone expropiar el edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, en el que murieron 194 personas y 249 sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria, si son sancionadas sin modificaciones se convertirán en ley.
Lo mismo ocurriría con la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las que se llevan a cabo en bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro.
En cambio, los otros proyectos incluidos en el temario difundido oficialmente hoy deberán ser ratificados por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Uno de ellos es el que obliga a las empresas de medicina prepaga a incorporar la detección y la atención médica de los casos de violencia de género.
El otro es el Plan Nacional de Ciencia y Técnica 2030, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y dictaminado hace un mes.
La última vez que la Cámara alta sesionó fue el 22 de septiembre, cuando se aprobó y se giró a Diputados el proyecto de ley que amplía de cinco a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.