La Asociación Civil Justicia Legítima, a traves de un comunicado, expreso su acuerdo con la incorporación de un artículo en el Dictamen del proyecto del Presupuesto 2023 a tratar en la Cámara de Diputados, por el que jueces, fiscales y funcionarios judiciales serán alcanzados por el impuesto a las ganancias.
Argentina24 de octubre de 2022
Sures Noticias
En un texto publicado en sus redes sociales sostiene:
Hemos advertido que sectores del Poder Judicial han expresado de manera inmediata su rechazo categórico declarándose 'en sesión permanente' con el objeto sostener ese debate que por cierto no resulta nuevo en nuestro país, al punto que en 2017 luego de una idéntica controversia, se logró avanzar incorporando dicho gravamen a los nuevos magistrades.
Justicia Legítima nació con el cometido de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, aspirando a sacarlo del desprestigio al que lo habían llevado años de aislamiento. Con tal definición de principios se fundó esta asociación hace ya 10 años.
Desde entonces venimos sosteniendo esa lucha por un Poder Judicial que haga justicia con sentido social, con espíritu democrático, con apego a los valores de igualdad e inclusión, por un Poder Judicial democrático que deje atrás el corporativismo, el elitismo y todo privilegio.
Nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva, del rechazo a todo privilegio. Entendemos que jueces, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del país.
El Sistema de Administración de Justicia no debe ser eximido de tal impuesto en virtud de una interpretación constitucional cuestionable. Especialmente en estas horas de zozobra de amplias capas de la población sumidas en la pobreza, ello constituiría una deshonra más al ya desprestigiado sistema judicial.
Llamamos a la reflexión a todes les judiciales, magistrades, funcionaries, trabajadores, llamamos a avanzar con la gradualidad que permitió inaugurar la incorporación del impuesto en 2017, y a dejar de lado toda mezquindad. Así podrán honrar ese inestimable lugar de trabajo que detentan, para transformarlo en auténtico sostén del sistema democrático, republicano, representativo y federal.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
El vecino de Córdoba describió con detalle dos episodios de vigilancia protagonizados por una camioneta del Ministerio de Seguridad de la Nación frente a inmuebles de su propiedad, sin embargo la Cámara Federal rechazó su hábeas corpus preventivo y desoyó el núcleo de su preocupación: saber si el Estado lo estaba siguiendo sin causa ni control judicial.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.