La Cámara Federal porteña resolvió hoy que la causa en la que se investiga a la denominada "Gestapo antisindical" bonaerense pase a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py, junto con la que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Argentina 11 de octubre de 2022
Sures Noticias
La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones, que sostuvieron que hay cuestiones de "conexidad" que fundamentarían que ambos expedientes tramiten juntos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tal como había reclamado la defensa de uno de los investigados, según surge del fallo al que tuvo acceso Télam.
La causa de la "Gestapo antisindical", iniciada en La Plata, es aquella en la que se investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI macrista, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la persecución por medios ilegales del sindicalista platense Juan Pablo "Pata" Medina, hasta lograr su detención.
Por esta causa, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó, entre otros, al exministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, y a los exdirectivos de la AFI macrista Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia).
Para los camaristas federales Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi esa causa es conexa a aquella en la que se investiga a los espías que tenían un grupo de whatsapp llamado "Super Mario Bross" y que están acusados de haber llevado a cabo maniobras de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales y hasta periodistas.
La causa de los "Súper Mario Bross" tramitó originalmente en Lomas de Zamora, bajo las órdenes del juez Federico Villena y Juan Pablo Augé después, y luego pasó a Comodoro Py: por esta causa estuvieron procesados los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero fueron beneficiados con una "falta de mérito" dictada por los camaristas Bertuzzi y Llorens cuando el caso pasó a la ciudad de Buenos Aires.
El caso salió a la luz a partir de una denuncia formulada por la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un video de una reunión ocurrida en junio de 2017 entre empresarios, funcionarios del Gobierno de Vidal y exagentes de la AFI, en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se trazaron estrategias para lograr el encarcelamiento de Medina.
Cuando dictó los primeros procesamientos, el juez Kreplak enfatizo que los hechos investigados no se iniciaron en la reunión llevada a cabo en las oficinas porteñas del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 si no al menos unos 40 días antes durante una reunión realizada en Casa Rosada.
En el fallo de hoy, los jueces de la sala segunda del tribunal de apelaciones porteños resolvieron "declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8", conducido por Martínez de Giorgi, "para seguir interviniendo en la causa FLP 18933/2021 por conexidad con el expediente FLP 14149/2020 del registro de esa sede".
Al fundamentar su voto, el juez Farah sostuvo que "dentro de esos patrones comunes de actuación" en la causa de los "Súper Mario Bros", en la que se investigó también espionaje penitenciario, "se había detectado la instalación de circuitos de grabación en el lugar donde estuvieron detenidos opositores políticos al gobierno de por entonces", entre los que estaba Juan Pablo Medina.
"Un primer dato es que allí se procesó Diego Dalmau Pereyra y a Sebastián De Stéfano por el delito del art. 43 ter de la ley 25.520 y que se incluyeron hechos que damnificaron a Juan P. Medina. Entre estos, existe un nexo evidente: la judicialización -a través de actividades supuestamente ilegales de integrantes de servicios de inteligencia, entre otros- de su caso condujo a su detención (causa 18933/21) y durante su alojamiento en la unidad penitenciaria se obtuvo información que fue utilizada por agentes de esa sede y de la AFI en forma contraria a la ley 25520", sostuvo Farah.
En un voto separado, pero en la misma dirección, los jueces Llorens y Bertuzzi sostuvieron que el objeto procesal investigado en la causa de Martínez de Giorgi es más amplio respecto de aquel que investigó Kreplak a la vez que "se observan puntos en común con aquélla" como "la ejecución de hechos de inteligencia ilegal, la presunta participación en ellos de Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra, así como que Juan Pablo Medina resulte damnificado en ambos".
De Stéfano, que en la causa de los denominados "Mario Bross" fue beneficiado con una falta de mérito votada por los jueces Llorens y Bertuzzi, fue quien pidió que la causa pasara a Comodoro Py; en tanto que el fallo de hoy podría ser apelado por las querellas o por la fiscalía.
El 8 de diciembre de 1977, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA inició un operativo que terminó con la desaparición de Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila, Patricia Oviedo, Horacio Elbert, Raquel Bulit, Daniel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon.
El Juzgado Federal de Río Gallegos hizo lugar parcialmente a una medida cautelar requerida en el marco de una demanda colectiva contra la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado por la contaminación en el río Fitz Roy y en el río de las Vueltas. Allí se denunció la presencia de coliformes totales y de Escherichia Coli en el agua. Remarcaron que, ante el incremento poblacional, resultan inadecuados los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales.
El reclamo se basa en la causa que investiga tormentos inflíngidos contra soldados por parte de sus superiores durante el conflicto en 1982, entre los que se cuentan estaqueamientos enterramientos, y abusos sexuales.
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El 4 de diciembre asambleas territoriales, organizaciones, comunidades originarias y autoconvocades de todo el país se organizaron en forma conjunta en lo que será la primera Campaña Plurinacional Anti-extractivista, con el objetivo de instalar en la sociedad el concepto de extractivismo, vinculándolo con cada uno de las problematicas locales.
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