Hay 750 personas detenidas, de las cuales 565 permanecen en arresto domiciliario. En tanto, 20 juicios están en curso y 64 causas a la espera del inicio del debate.
Argentina09 de junio de 2022
Sures Noticias
En su actualización trimestral sobre las principales variables estadísticas relativas al proceso de verdad y justicia, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que al 3 de junio fueron condenadas 1070 personas y 161 resultaron absueltas en 278 sentencias dictadas por tribunales de todo el país desde 2006, año en que se realizaron los primeros juicios tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Mientras tanto, hay 516 procesados y procesadas en las causas en trámite. Estas causas tienen diferente estado: 20 están en juicio oral, 64 están elevadas a juicio a la espera del inicio del debate y 272 en instrucción. Hasta el cierre de estos datos la procuraduría especializada contabilizó un total de 6 juicios que culminaron este año.
En este contexto, 1492 personas transitan los procesos en libertad mientras que 750 permanecen detenidas. Y suman 21 las personas que permanecen prófugas en diferentes causas.
De las personas que están detenidas, 565 se encuentran en arresto domiciliario, 118 en establecimientos penitenciarios y 67 en una categoría denominada "otras" instituciones, cuya mayor proporción refiere a las personas que están alojadas en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar -una sede castrense con custodia del Ejército- la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad no lo considera un establecimiento penitenciario.
También se observan desde 2016 dos tendencias predominantes: por un lado, una mayor proporción de personas que transitan estos procesos en libertad, y por otro, se destaca el arresto domiciliario como modalidad de detención
Las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad son el resultado del procesamiento de los datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
El vecino de Córdoba describió con detalle dos episodios de vigilancia protagonizados por una camioneta del Ministerio de Seguridad de la Nación frente a inmuebles de su propiedad, sin embargo la Cámara Federal rechazó su hábeas corpus preventivo y desoyó el núcleo de su preocupación: saber si el Estado lo estaba siguiendo sin causa ni control judicial.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.