La comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó pasado el mediodía con mayoría un dictamen para garantizar los fondos con asignación específica para las industrias e instituciones culturales. En Córdoba se realizó, en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, la jornada Cultura, Soberanía y Trabajo Argentino en apoyo al reclamo del sector, convocado por ENACOM nacional, Radio Nacional, Defensoría del Público, RTA, organizaciones culturales y comunicacionales, entre ellas FARCO y la Red de Salas.
Argentina03 de mayo de 2022
Sures Noticias
La iniciativa propone prorrogar dichos fondos por 50 años (hasta 2072) y obtuvo el dictamen de mayoría por lo que ya está en condiciones de ser tratado en el recinto.
Esta propuesta fue suscripta por la totalidad de diputadas y diputados del Frente de Todos presentes y resultó acompañada por un amplio arco político: el Interbloque Federal, representado por Ignacio García Aresca, del bloque Córdoba Federal; el Interbloque Provincias Unidas, representado por Luis Di Giácomo del bloque Juntos Somos Rio Negro, y Diego Sartori del Frente de la Concordia Misionero. También acompañó el Interbloque Frente de Izquierda y de Trabajadores con las diputadas Myriam Bregman y Romina Del Pla. Juntos por el Cambio planteó. un dictamen de minoría.
La iniciativa lleva la firma entre otros del legislador nacional del Albertismo Pablo Carro.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.