La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó esta mañana que, mientras los equipos técnicos ultiman los detalles del memorándum de entendimiento por el refinanciamiento de la deuda con el FMI para que el Congreso de la Nación pueda discutirlo en las próximas horas, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo en la cuestión tarifaria para “lograr niveles razonables y susceptibles de ser aplicados con criterio de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”.
Argentina 03 de marzo de 2022
Sures Noticias
En la conferencia de prensa semanal que brinda ante los periodistas acreditados de la Casa Rosada, esta vez de manera virtual por haber dado positivo de COVID-19, Cerruti anticipó que el Gobierno “llegó a un entendimiento con el FMI en algunos de los puntos que estaban dificultando avanzar en el acuerdo” y, en el caso de la cuestión tarifaria, sobre una propuesta que permitirá avanzar en “un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”.
Sobre este punto la funcionaria precisó que el Poder Ejecutivo impulsará, previa audiencia pública convocada a para fines de abril de 2022, un plan de segmentación en tres niveles que tracen un sendero para el bienio 2022-2023.
De esta manera, los usuarios se dividirán en tres categorías: aquellos que dejarán de ser beneficiarios de subsidio en función de su plena capacidad de pago; los usuarios de tarifa social, para quienes el incremento total de su factura para cada año será equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; y, para el resto, el incremento total en la factura de cada año será el equivalente al 80% del CVS del año anterior.
Durante ese período no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para las categorías de usuarios B y C.
“Las revisiones abarcarán a usuarios residenciales y no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión, si correspondiere”, especificó Cerruti, y resaltó que, “para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo el CVS tal como lo establecía la ley 27.443, propuesta por la oposición en el año 2018 y que no se pudo aplicar porque fue vetada por el expresidente Mauricio Macri”.
El entendimiento también contempla el desarrollo de un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad.
“Confiamos en que en las próximas horas el acuerdo va a estar cerrado, escrito, traducido y enviado al Congreso de la Nación para que comience su tratamiento, pero también somos conscientes de que estamos discutiendo temas que comprometen la vida de los argentinos por varias generaciones, y por lo tanto queremos tomarnos todo el tiempo que sea necesario para dar todas las discusiones y para defender con mucha vehemencia y mucha templanza los derechos de los argentinos y argentinas”, explicó.
La portavoz de Presidencia reiteró que se trata de “una negociación que muchas veces nos pone impacientes y nos parece que se demora más de lo que queremos; pero hay que tener mucha templanza, estamos discutiendo con los poderes más grandes de esta tierra una deuda histórica que tomó Mauricio Macri y que compromete a varias generaciones”.
“Esto no se resuelve en 5 minutos y no hay que aflojar hasta el último minuto de defender punto por punto lo que consideramos que es, en cada discusión, la defensa de los intereses de las y los argentinos”, dijo y reafirmó el objetivo de “refinanciar la deuda para que se convierta en sustentable, que se pueda pagar y que nos permita seguir creciendo”.
“Ayer la recaudación impositiva registró un nuevo récord, estamos en un momento de crecimiento muy virtuoso en la generación de empleo, en la producción y en las exportaciones”, destacó, y asimismo remarcó la importancia de “consolidar el crecimiento para poder distribuir la riqueza y que esto llegue a la casa de todos los argentinos y argentinas”.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Integrantes de todo el territorio plurinacional, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, organizaciones y activistas autoconvocades pusieron en pie una campaña contra la adhesión al RIGI *Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones* en cada provincia y localidad. Escribieron una carta como propuesta colectiva que tiene como objetivo hacerla llegar a legisladores, diputados y concejales.
Los ataques María O´Donnell, por viajar a ver la Copa America y a Marcelo Longobardi, quien fue etiquetado en las redes sociales de Milei como "dinosaurio", "chanta" y "pifiador serial", se unen a los casos de otros treinta comunicadores. Se solicita que se inste al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos que criminalicen.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
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Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
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