La Cámara de Diputados debate hoy el proyecto de urbanización de villas en el marco de una sesión especial . Se trata del proyecto de ley que propone expropiar terrenos para urbanizarlos mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial que beneficiaría a 3,5 millones de personas, equivalente a 850 mil familias.
Argentina04 de julio de 2018
Sures Noticias
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Vivienda y Ordenamiento Urbano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda tuvieron a consideración el tratamiento del proyecto que declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (RENABAP) bajo el titulo de ley de régimen de regularización dominial para la integración sociourbana presentado por el oficialismo se trata hoy con objeciones.
El bloque de diputadxs del Frente para la Victoria realizo objeciones al dictamen de mayoría que sera tratado hoy, entre otras observaciones señalo que el proyecto oficialista queda sin efecto la especificación de que el destino de los inmuebles sujetos a expropiación sea en favor de los efectivos y actuales habitantes de los barrios. por lo cual presente su propio proyecto la ley de regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbano.
Se encuentran en la Cámara de Diputados de la Nación presenciando la sesión vecinxs de Barrio Parque Esperanza de la localidad de Juárez Celman que llevan a la cámara la denuncia del desalojo violento del barrio el 1 de junio pasado por parte del Gobierno y la Justicia de Córdoba y solicitando se apruebe la ley de regularización dominial. En ese marco lxs vecinxs de Barrio Parque Esperanza realizan un abrazo solidario por las familias desalojadas y por el reclamo de tierra y vivienda digna hoy desde las 14 horas en la capilla del barrio en la localidad de Juárez Celman.
Vídeo: Gentileza JAF
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La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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