En un comunicado sostienen que si los jueces y políticos temerosos no lo hacen, vamos a ser nosotros, este pueblo, quien derribe esas tranqueras y recupere todas las tierras en manos extranjeras. Recién después que echemos a los Lewis y a los Benetton de la Patagonia, podremos tener una segunda y definitiva independencia.
Argentina07 de febrero de 2022
Sures Noticias
La CTA Autónoma, junto a otras organizaciones se concentraron en el El Foyel sobre la Ruta 40, a 45 kilómetros de El Bolsón, para llegar a Lago Escondido por el Camino de Tacuifí bloqueado por rejas, alambres de púa y un cordón policial. Este fenomenal proceso de extranjerización de la tierra tiene como cómplice primaria a la Justicia. Si queremos un poder judicial al servicio del pueblo, tenemos que cambiar a la Corte Suprema actual, sostuvieron.
Además el comunicado expresa:
Qué vergüenza para los políticos! Si no podemos recuperar un lago, que nos espera con las Malvinas.
El empresario inglés Joe Lewis adquirió, a mediados de los ’90, 11.285 hectáreas de manera irregular por tratarse de un lugar de frontera y por obstaculizar el acceso público a Lago Escondido. Por ello fueron procesados varios funcionarios.
A pesar de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tránsito hacia el espejo de agua continúa franqueado. Ni siquiera se puede acceder al lago por el sendero de montaña (una travesía de más de dos días) porque matones armados impiden el ingreso también por esa vía.
Además de esto, Lewis instaló un aeropuerto privado cerca de Playas Doradas en la costa atlántica, un helipuerto comercial en Lago Escondido y dos centrales hidroeléctricas sobre el río Escondido que venden energía al sistema interconectado nacional.
Las leyes están para que las cumplan los pobres y los más débiles. Los ricos y poderosos tienen sus propias leyes. Pero eso se va a terminar.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.