Así se expidió la representante del Ministerio Público Fiscal al opinar que correspondían las medidas cautelares solicitadas, en el marco de dos acciones de amparo interpuestas contra el Gobierno Nacional, que autorizó la realización de dichas acciones de alto impacto ambiental frente a las costas del Partido de General Pueyrredón.
Argentina 13 de enero de 2022
Sures Noticias
En el marco de dos acciones de amparo interpuestas por un ciudadano y una organización no gubernamental de ambientalistas, la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó en favor de conceder las medidas cautelares que solicitaban el cese y/o suspensión de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrredón, que fueran oportunamente dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resolución N°436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.
Las acciones de amparo, respecto de las cuales la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se encontraban dados los presupuestos legales para habilitar la instancia federal, fueron presentadas por un ciudadano y por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados. Si bien cada una presentaba particularidades en sus pretensiones, ambas coincidían en la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.
En el caso de la acción iniciada por el ciudadano, éste solicitaba la suspensión de las actividades de exploración sísmica, "hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada”. También solicitó que se diera intervención a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.
Por su parte, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados interpuso un hábeas corpus colectivo que fue rechazado por el juez de primera instancia, pero luego la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ordenó reconducir la acción como un amparo, con intervención de la justicia federal civil. En su presentación, la organización No Gubernamental destacó “la amenaza actual e inminente sobre todos los ejemplares de Ballenas Franca Austral (…) por las emisiones sonoras perturbadoras que generarán las prospecciones sísmicas (bombardeo sonoro intensivo de alto impacto) sobre la Cuenca Norte del Mar Argentino”.
En sus dictámenes, la fiscala Mazzaferri consideró configurados los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar requerida, en tanto se había argumentado correctamente sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, pues la resolución recurrida, que ha autorizado las prospecciones sísmicas, se habría dictado sin la intervención de un organismo que, conforme la Ley de Parques y Monumentos Históricos, debía ser consultado de manera obligatoria (Art. 19 ley 22.351) –teniendo en cuenta el carácter de monumento natural de la ballena franca-austral- a lo que se suma la alegada falta de debido acceso de todos los ciudadanos a los informes de impacto ambiental utilizados, así como la realización de todos los estudios adecuados requeridos, por lo que solicitó que se hiciese lugar.
También, la representante del Ministerio Publico Fiscal sostuvo que, más allá de sus diferencias, ambas acciones atienden a la contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y a la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con la exploración y eventual explotación, que contemple además todos los ribetes potencialmente dañosos de la actividad denunciada, todo lo cual confluye en el objetivo compartido de que se declare invalida la Resolución 436/2021 dictada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que propició el trámite conjunto de ambas acciones de amparo.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresó su repudio y rechazo a la acción que, bajo el pretexto de una "visita humanitaria", envía un mensaje claro a la sociedad. Junto con otras actitudes del gobierno, esto parece legitimar las acciones del terrorismo de estado en nuestra historia reciente. Tambien sumaron su repudio el Partido Nuevo Encuentro de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.