Se realizó una nueva reunión de la mesa de diálogo entre funcionarios del Gobierno de la Provincia, representado por Gustavo Medina, Director de Emergencia Provincial y la comunidad de Barrio Parque Esperanza de la localidad de Juárez Celman, con la participación de las instituciones veedoras: la Iglesia, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, la Facultad de Ciencias Sociales, entre otras.
Córdoba19 de junio de 2018
Sures Noticias
Entre las resoluciones acordada en la 4ta reunión (a la tercera el gobierno no asistió) se encuentra una próxima reunión-audiencia con el Ministro de Desarrollo Social Sergio Hugo Tocalli, en el marco de la mesa de dialogo, a los fines de tratar el tema de fondo. Y que hasta ahora el gobierno no ha dado respuesta "tierra para las familias" según señala Andres Villalba presidente de la cooperativa 12 de junio.
Dado que la mesa como esta funcionando por el tema " emergencia" no tiene demasiado asidero, esta debe continuar con actores que tengan poder de resolución de fondo, señalaron miembros de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba en su carácter de veedores.
Los vecinxs no aceptaron la reiterada propuesta de una reunión solo entre el Ministro Tocalli y miembros de la cooperativa, ante esto se espera que la próxima reunión que sera el 22 de junio estén todas la partes en sede del del ministerio.
Gustavo Medina, en nombre del ministerio, reitero la propuesta de aportes individuales de 42.000 pesos para cada una de la familias, que aun permanecen en la capilla, y la asistencia del un equipo pisco social que atienda a las familias. La comunidad rechazo por extemporánea la asistencia e indico que la solidaridad de los y las cordobesas ha suplido la ausencia del estado, respecto de los 42000 pesos volvieron a insistir que solo lo aceptarían si es es una aporte colectivo para que la cooperativa pueda comprar lotes.
Pedido de audiencia-reunión al ministro Tocalli por parte de la Mesa de Diálogo
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.