Presentan campaña "Es tiempo de justicia para Sebastián"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió la intervención de la secretaria de educación y logro la suspensión del docente Darío Martínez, de Lengua y Literatura del Colegio Bertrand Russell tras viralizarse audios en los que achacaba a sus alumnos sobre insensibilidad social y expresaba opiniones políticas críticas al gobierno de Milei. El caso abre una reflexión sobre la libertad, el respeto y la pluralidad en el aula.

Durante dos jornadas, este 5 y 6 de noviembre, representantes de la academia, sociedad civil, sector privado, comunidades técnicas y gobiernos se reunieron en la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323, Córdoba) para reflexionar sobre acceso, derechos y gobernanza de Internet en la región.

En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.

El Ministerio Público Fiscal analizó el pedido bajo las normas internacionales de derechos humanos y valoró “la negativa sistemática” del excapellán de la Policía bonaerense a someterse a las evaluaciones psicológicas, “su ausencia de empatía y la falta de cualquier acto reparador hacia las víctimas o la sociedad”. Tuvo en cuenta también la opinión de las víctimas.

El punto de partida de las actividades conmemorativas tuvo lugar en el cementerio San Jerónimo, junto al panteón de Unión Eléctrica donde reposan sus restos. El acto reunió a figuras sindicales, organismos de derechos humanos y familiares: su hija Malvina, su nieta Sofía y su bisnieto Amadeo, entre otros. Las palabras de Daniel Tapia (Luz y Fuerza), Leticia Medina (CTA Córdoba), Malvina Tosco, (hija), Mariana Mandakovic (Cispren) y la semblanza del periodista Juan Cruz Taborda Varela construyeron un retrato vivo del dirigente.

Comenzó el juicio por presunta corrupción en el que Cristina Fernández de Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita junto a otros 86 imputados. La expresidenta sostiene que el proceso es un montaje judicial con fines políticos, diseñado para desacreditarla y desviar la atención de asuntos fundamentales para el país.

En San Marcos Sierras, Córdoba, vecinos y vecinas protagonizan un acampe en rechazo al avance de un megaproyecto turístico que incluye un hotel-casino con perforaciones profundas, denunciando que extrae agua en niveles que pueden agotar la cuenca hídrica local.