Córdoba: cuatro años de prisión a dos personas por trata sexual

Las penas y las multas fueron acordadas por la fiscalía y las defensas en el marco de un juicio abreviado, y serán homologadas mañana por el TOF2. También habrá penas para otras dos personas que colaboraron para darle entidad lícita al dinero proveniente de la trata sexual y a otras tres se les concederá el beneficio de suspensión de juicio a prueba.

Tras un acuerdo de juicio que se homologó ante la jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, Noel Costa, dos personas acusadas de trata de personas y lavado de activos de origen ilícito recibirán una pena de cuatro años de prisión y las treinta víctimas identificadas durante el proceso serán reparadas económicamente por una cifra superior a los 31 millones de pesos. En la causa intervino el fiscal general Carlos Gonella con la asistencia de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, y de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), representada por María Del Carmen Chena. La etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari.

Los acusados Fabio y Daniel Barey acordaron una pena de cuatro años de prisión como autores de los delitos de trata de personas mayores de 18 años, infracción al artículo 17 de la Ley de Profilaxis Antivenéraa y lavado de activos de origen ilícito. También serán condenadas las personas que oficiaron de prestanombres para que los acusados principales pudieran darle entidad lícita al dinero proveniente de esta actividad: Selva del Valle Ceballos y Marcela Guzmán recibirán penas de tres años de prisión condicional por ser autoras del delito de lavado de activos, mientras que a otras tres imputadas (Mafalda Ceballos, Marcela Andino y Graciela González) se les concederá el beneficio de suspensión de juicio a prueba, con un resarcimiento económico destinado a las víctimas. 

De acuerdo a la acusación, en una fecha anterior al 25 de mayo de 2008 los hermanos Barey, con la cooperación de otras tres personas, se dedicaron a captar, trasladar y acoger a cinco mujeres mediante engaño y abusando de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotarlas sexualmente en Faraón, Play Man, Macarena y Candela, cuatro prostíbulos de su propiedad ubicados en la ciudad de Córdoba, y, desde el 11 de octubre de 2009, recibieron a otras veinticinco víctimas para explotarlas con la misma finalidad en los mismos lugares.  

Dentro de este esquema de actuación, quedaron probados dieciséis hechos de lavado de activos para darle apariencia lícita a los fondos producto de esta actividad. Entre el 28 de mayo de 2003 y el 21 de marzo de 2012, los acusados entregaron dinero a Mafalda y Selva Ceballos, Andino, Guzmán y González para que oficiaran de prestanombres y adquirieran rodados e inmuebles cuyos verdaderos propietarios eran los hermanos Barey. En total, las operaciones incluyeron cinco vehículos de alta gama y lotes, terrenos y departamentos en la ciudad de Córdoba y en las localidades de San Roque, Villa Carlos Paz y Villa Corina.

La reparación económica

Dado que en casos de lavado de activos procedentes del delito de trata de personas la prioridad es la indemnización a las víctimas, el acuerdo prevé que se destinarán los bienes decomisados a la reparación de aquellas, mediante su remate público. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de cinco automóviles y de cuatro inmuebles que serán liquidados para satisfacer la reparación del daño causado a las víctimas. “Casos de esta naturaleza obligan al Estado Nacional a brindar una reparación integral a las víctimas cuyos derechos humanos más fundamentales fueron afectados como consecuencia de su explotación”, destacó la fiscal Mángano.

Para establecer los montos para resarcir a las víctimas de esta organización, se realizó un cálculo entre las pérdidas personales y el valor económico de los servicios prestados por las víctimas, junto con los ingresos brutos -la ganancia ilícita- obtenidos por sus explotadores. 

De acuerdo a los cálculos realizados por la PROTEX junto con la DGRADB, la actividad criminal llevada adelante puede haber generado un volumen de ganancias ilícitas superior a la sumatoria de la reparación de las 30 víctimas identificadas, que alcanza los 31.419.562 de pesos. En ese sentido, ambas dependencias del MPF postularon que, llegado el caso en que la valuación de la masa patrimonial derivada de la explotación de personas supere el monto resarcitorio para las 30 víctimas identificadas, se avance en el decomiso del remanente en virtud de que el hecho endilgado en la causa de lavado de activos permite inferir que todos los bienes identificados tienen un origen ilícito.