IFICOTRA (Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo) denunció que desde hace largo tiempo el SUVICO les impide desarrollar su actividad, en ocasiones incumpliendo con su obligación de preservar la paz social, mediante acciones violentas.
Córdoba 14 de octubre de 2021
Sures Noticias
En un comunicado IFICOTRA señala que SUVICO (Sindicato Unico de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba) viene implementando campañas difamatorias no solo en sus redes sociales sino también en medios periodísticos locales, cuestionando públicamente y sin fundamentos su legalidad, manifestando que no va a permitir el trabajo de las cooperativas de seguridad en la provincia de Córdoba.
El accionar en contra de las cooperativas por parte de SUVICO sucede a pesar de que la Ley de Seguridad Privada Nº 10.571 actualmente vigente en la provincia de Córdoba, incorpora a las cooperativas de trabajo como personas jurídicas habilitadas para desempeñarse como prestadoras privadas de seguridad, las que a ese fin son habilitadas y controladas en su desempeño por la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad del Gobierno de Córdoba.
Ante esta situación las cooperativas afectadas representadas por el IFICOTRA han acudido a distintos organismos del estado, a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales; al Ministerio de Trabajo y a la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad en el ámbito provincial, como al INAES en el nacional.
A la fecha siguen padeciendo en el día a día verse impedidas de ejercer de manera real y efectiva, derechos de jerarquía constitucional como lo son el de trabajar en el marco de la protección por parte del estado del trabajo en todas sus formas o de asociarse con fines útiles.
Así las cosas desde IFICOTRA, en nombre de las cooperativas de trabajo dedicadas a la prestación privada de servicios de seguridad, ponemos mediante esta publicación en conocimiento de la comunidad lo que ocurre, a la vez que hacemos un llamado a todas y todos los actores del sector cooperativo, mutual y sindical, a asumir la defensa de éstas en tanto ello constituye la defensa del trabajo cooperativo en su conjunto.
Entre las entidades que adhieren al comunicado se encuentran: C.E.L.S.I (CÁMARA DE EMPRESAS LÍDERES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES); F.U.N.C.A.T.; INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS; Cooperar; CNCT; y FECARVYC
¡La invitación a unirse a la caminata este 9 de agosto en Córdoba, para visibilizar la violencia sexual contra las infancias y reconocer solidariamente a los y las sobrevivientes!
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La Comunidad Pluma Blanca, junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos políticos de apoyo a comunidades indígenas, convoca a una movilización el próximo 25 de julio de 2024 a las 9 hs. en Tribunales Penales de Córdoba Capital, Cámara Criminal Número 2. Fructuosa Rivera 720. En esa fecha se llevará a cabo la última audiencia en la Cámara Criminal Número 2 de los Tribunales Penales de Córdoba Capital, donde se presentarán los alegatos y se dictará el veredicto en la causa que investiga crímenes contra la integridad sexual y amenazas hacia una integrante femenina de dicha comunidad.
Están acusados de ser los autores materiales del incendio forestal que se inició el domingo pasado. Quedaron a disposición de la fiscalía de segunda nominación, a cargo de la Doctora María Eugenia Ferreyra. El incendio se encuentra en guardia de cenizas.
Desde el Foro Ambiental Traslasierra y Unid@s por el Agua llevan adelante un pedido de informes al Aprhi (Administración Provincial de Recursos Hídricos), ante la preocupante situación de expolio que, entienden, viene sufriendo el Acuífero San Vicente/Los Cerrillos.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.