Jorge Espina está acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, en perjuicio de diez víctimas. Se trata del segundo tramo de la investigación por los hechos perpetrados en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en el barrio porteño de Montserrat.
Argentina20 de septiembre de 2021
Sures Noticias
Con la intervención del fiscal general Pablo Ouviña, este viernes comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el debate oral y público seguido contra el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Jorge Espina, por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de diez víctimas que estuvieron detenidas ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “Virrey Cevallos”, que funcionó entre 1977 y 1978, en el barrio porteño de Montserrat.
Se trata del segundo tramo de la investigación por los hechos cometidos en el CDD que funcionó en la calle Virrey Cevallos 620, donde Espina está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, reiterada en perjuicio de diez víctimas, y en tres de los casos también agravado por durar la privación más de un mes, todo ello en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterado en ocho oportunidades.
El listado de víctimas incluye a Carlos Daniel Gurbanov, Juan Crisoto Alcaráz, José Oscar Osuna, Osvaldo Antolín, Miriam Liliana Lewin, Osvaldo Antonio López, Vilma Gladys Aoad, Osvaldo Gabriel Lanzilloti, Jorge Augusto Lorenzo y Alejandro Andrés Lorenzo, quienes -en su calidad de perseguidos políticos- estuvieron detenidos en el CCD entre 1977 y 1978. De acuerdo a la imputación, Jorege Augusto y Alejandro Andrés Lorenzo fueron privados ilegalmente de su libertad en el CCD, al igual que Gurbanov, Alcaráz, Osuna, Antolín, Lewin, López, Aoad y Lanzilloti, quienes además sufrieron tormentos.
Durante la audiencia virtual realizada a través de la plataforma Zoom, se leyó el requerimiento de elevación a juicio, tras lo cual el Tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Javier Ríos, declaró abierto el debate. En el marco de las cuestiones preliminares, la fiscalía solicitó que se incorporaran al expediente doce legajos de personal militar, vinculados con la acusación contra Espina, quien se negó a contestar preguntas.
Finalmente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 24 de septiembre, cuando se reanudará el debate con la declaración de dos testigos.
El rol de Espina
El Ministerio Público Fiscal detalló, en su requerimiento de elevación a juicio del segundo tramo de la investigación, que el vicecomodoro Espina “era parte de los hilos conductores a través de los que descendían las ordenes ilegales”, en su rol de jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
Asimismo, de acuerdo al testimonio de una de las víctimas, entre las personas que participaron de dos de los operativos de secuestro de los que fue víctima, estaban el fallecido auxiliar de la División “C” del Departamento Interior de la Jefatura II- Inteligencia, Félix Morilla, quien además era superior jerárquico de Jorge Luis y Enrique Julio Monteverde. Todos ellos dependían funcionalmente de Espina.
La acusación sostiene que el ex videcomodoro “tuvo un rol en la cadena de mandos a través de la cual se transmitieron las órdenes que culminaron con la comisión de los hechos investigados”. Además, fundamentó que “la pérdida de proximidad al hecho representada por la distancia entre el autor y la víctima -y, en consecuencia, de la acción típica directa- incrementa en proporción inversa la responsabilidad atendiendo a que tal lejanía se compensa con el dominio organizativo, el cual a su vez aumenta en correlato con el ascenso en la escala jerárquica del aparato hacia la cima de la pirámide, donde reside el dominio decisivo y desde donde descienden las órdenes a través de la escala organizativa”.
El CCD “Virrey Cevallos”
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el Centro Clandestino de Detención “Virrey Cevallos” funcionó, al menos, entre el 22 de febrero de 1977 y el 26 de marzo de 1978, en el predio ubicado en la manzana de las Virrey Cevallos, México, Chile y Presidente Luis Sáenz Peña, y formaba parte de los bienes integrantes del “Legajo Andrés Visca” de la Policía Federal Argentina. El 16 de julio de 1971 fue adquirido en remate público por dos hermanos que lo alquilaron entre, 1977 y 1983. Asimismo, un testigo y vecino del barrio declaró que, según pudo averiguar su padre, la casa era ocupada por personas del “Servicio de Informaciones de la Aeronáutica”.
El CCD operó, en primer término, bajo la órbita de la Jefatura II de Inteligencia, que dependía del Departamento Interior de la Fuerza Aérea Argentina y luego, desde julio de 1977, pasó a depender del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea cuyo jefe era, en el periodo en que funcionó como lugar de detención, el vicecomodoro Jorge Alberto Espina.
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el Ministerio Público Fiscal, varias de las víctimas que pasaron por el CCD fueron interrogadas por atentados que afectaron a la Fuerza Aérea, lo que así vincula las tareas allí realizadas con actividades de contrainteligencia y la importancia de la creación del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina (SIFA), entre cuyas funciones se encontraban realizar este tipo de tareas ilícitas.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.