El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, entregó hoy junto a los intendentes de San Fernando, Escobar y Malvinas Argentinas, un total de 12.000 tarjetas de telefonía con el objetivo de facilitar el acceso a internet para habitantes de barrios populares.
Argentina13 de agosto de 2021
Sures Noticias
De acuerdo a lo informado por el Enacom, el primero de los encuentros se realizó en el Polideportivo N°3 del municipio de San Fernando junto al intendente, Juan Andreotti; la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medioambiente, Eva Andreotti; y el secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo.
Durante el acto se entregaron 4 mil tarjetas telefónicas destinadas a facilitar el acceso a Internet para habitantes de barrios populares en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del Covid-19.
En este sentido, y como acto simbólico, concurrieron jóvenes del Centro Convivencial Terapéutico Casa de Día de San Fernando para recibir inicialmente dichas tarjetas.
Ambrosini afirmó que “en esta época la presencialidad aún es baja, y por eso es importante contar con conectividad para estudiar, trabajar y comunicarse. Hoy tenemos la oportunidad de darle conectividad a los barrios populares gracias a uno de los programas que activamos al iniciar la pandemia".
A su vez, adelantó que dentro de poco se podrá "conectar a todo el Delta, y sumó "una segunda obra grande en San Fernando que será dar conectividad a los barrios populares”.
A su vez, la segunda entrega se concretó en el partido de Escobar, junto al intendente, Ariel Sujarchuk, donde se entregaron otras 4.000 tarjetas recibidas por representantes del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Garín, Lambertuchi y Maquinista Savio; estudiantes del Bachillerato de Adultos en Salud N°37; y alumnos del Colegio Secundario N°32 de Garín.
El último de los encuentros se realizó en el municipio de Malvinas Argentinas, junto al intendente, Leonardo Nardini, con entregas similares de 4.000 tarjetas.
Estas entregas se dieron en el marco del Proyecto de Sostenimiento de la Enseñanza y el Aprendizaje en una Nueva Presencialidad, para el cual se destinaron $44.655.500,00 del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), y está comprendido dentro del Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicios TIC para Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia Covid-19.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.