FATPREN impulsa un pacto ético contra la desinformación de cara a las elecciones nacionales

Inspirada en la experiencia desarrollada por la Asociación de Prensa de Uruguay en los comicios presidenciales de 2019, la propuesta aspira a contribuir desde las y los trabajadores de prensa a garantizar el derecho a la información sin distorsiones o tergiversaciones, señalaron desde la FATPREN.

La iniciativa fue presentada el 29 de junio pasado con una actividad virtual con más de una decena de expositores/as de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y representantes parlamentarios de todo el arco político.

En los próximos días, FATPREN redoblará la campaña para que los y las candidatas suscriban la propuesta, a la cual pueden adherir también organizaciones sindicales, sociales, y se solicitó una reunión a la Cámara Nacional Electoral para tratar esta iniciativa.

En Córdoba ya suscribieron el pacto el Cispren (gremio de prensa), integrante de FATPREN y el Colectivo Más Democracia , integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática.

El pacto dice: 

PACTO ÉTICO CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Las trabajadoras y los trabajadores de prensa queremos hacer un aporte a la transparencia informativa en el contexto de las elecciones de medio término que se realizarán este año en nuestro país, por lo que proponemos la firma de este Pacto Ético contra la Desinformación.
Considerando que:

• Las campañas de desinformación a través de las redes sociales y servicios de mensajería durante las campañas electorales en la región y en el mundo han generado una gran preocupación en diferentes actores de la sociedad, en nuestro gremio en particular, así como en los medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil, organizaciones políticas y sociales, entre otros.

• La lucha contra las “fake news” y, en particular, las campañas de desinformación intencionadas, constituyen una responsabilidad de todos, en especial de los medios de comunicación, en su rol de control y chequeo de la información.

• La manipulación de la opinión pública, con la finalidad de obtener determinados objetivos políticos o inducir comportamientos sociales, se vuelve mucho más compleja de evitar como consecuencia de la masificación de los medios digitales, a través de los cuales muchas veces se vuelve muy difícil detectar la autoría o el origen de una noticia falsa.

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y su Relatoría sobre Libertad de Expresión expresaron el 5 de febrero de 2021 su preocupación por el “deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, las decisiones y los modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos”.

• La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en tanto defensa de la transparencia democrática como de la calidad de nuestro oficio, asume la responsabilidad de promover entre las trabajadoras y los trabajadores de la comunicación social del país la necesidad de capacitarse para actuar en consecuencia ante la aparición de mecanismos de desinformación o campañas de noticias falsas con fines políticos.

Asimismo, y atentos a:

• Que la salud del sistema democrático requiere ofrecer a la ciudadanía información veraz, debidamente chequeada, tanto desde el periodismo y los medios de comunicación, como desde las organizaciones políticas y los individuos que disputan en la arena electoral.

• Que la sociedad necesita que la discusión política se construya sobre la base de datos
certeros que emanan de la realidad, así como hacer prevalecer los valores éticos sobre
los que se sostiene la calidad democrática del país.

• Que la utilización de mecanismos de desinformación en perjuicio de adversarios políticos o el uso de los avances tecnológicos que hoy están disponibles para generar o promover noticias falsas con objetivos proselitistas, son prácticas que debemos desterrar de la vida social.

• Que esta lucha no solo implica no generar o difundir noticias falsas, sino la responsabilidad de aclarar y excusarse cuando ellas fueran producidas o difundidas por integrantes o simpatizantes de cualquier partido. Y en este sentido, debe existir la obligación por parte de los partidos políticos de aclarar públicamente y solicitar las disculpas del caso cuando ocurrieren este tipo de situaciones.

• Que debemos apostar a la mayor calidad del debate democrático y a la lucha contra la desinformación en una iniciativa que sea compatible con el compromiso siempre vigente de respeto irrestricto a la libertad de expresión, de prensa y de opinión.

• Que, en este camino, las elecciones nacionales representan un gran desafío, tanto para
el sistema político como para la sociedad en su conjunto.

• Que, elevando la calidad del debate, brindándolo con buena fe, sin juegos sucios y buscando que la gente decida con libertad el futuro que desea, lograremos fortalecer la Democracia.

Por todo lo expuesto:

Convocamos a partidos y organizaciones políticas argentinas, nacionales, provinciales y municipales, u organizaciones de la sociedad civil relacionadas, para que suscriban este acuerdo y se comprometan a:

• No generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos.

• Promover entre sus afiliados y militantes la necesidad de buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales.

• Promover entre sus dirigentes la necesidad de evitar acciones o expresiones de tono agraviantes o de descalificación personal contra adversarios, y así preservar el buen clima de relacionamiento político.

• Promover entre las organizaciones de la sociedad civil la difusión y promoción de buenas prácticas en la comunicación como forma de fortalecer la democracia.

• Acordar un mecanismo permanente de consulta para dar seguimiento a este Pacto Ético de forma de responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público.