La Mesa de Enlace comenzó hoy a pedir audiencias a los gobernadores de las principales provincias productoras de carne vacuna, tras la decisión del Gobierno nacional de concretar una reapertura parcial de las exportaciones y la puesta en marcha de mesas de trabajo para consensuar un plan ganadero para aumentar la producción.
Argentina23 de junio de 2021
Sures Noticias
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro pidieron reunirse con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
También solicitaron un encuentro con los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti; de Corrientes, Gustavo Valdez; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá de San Luis; y de Córdoba, Juan Schiaretti.
Si bien dicen estar abiertas al diálogo, las entidades agropecuarias están en desacuerdo con varias de las medidas anunciadas en la víspera y, en ese marco, quieren plantear a los gobernadores "la preocupación ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación que aquejan a nuestra economía pero que, como reiteramos ayer, no es responsabilidad de los productores", según un comunicado de prensa.
"Es por estas razones que les pedimos de manera urgente una audiencia a los mandatarios provinciales para poder dialogar acerca de las necesidades y alternativas que tenemos para seguir trabajando como productores y por los consumidores de nuestro país", indicaron las entidades.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.