La Oficina Anticorrupción (OA) denunció hoy al expresidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de omisión "maliciosa" en sus declaraciones juradas vinculada a transferencias de acciones entre la empresa Agro G SA y el Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió el cargo.
Argentina 17 de junio de 2021
Sures Noticias
La denuncia quedó a cargo por sorteo de la jueza María Servini y se presentó en base al inciso 3 del artículo 268 del Código Penal referido al "enriquecimiento ilícito de funcionarios", informaron fuentes judiciales.
Dicho inciso prevé que "será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".
Además, la OA dispuso "remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) copia de la documentación, para su conocimiento e intervención según su competencia, ante la posible existencia de maniobras constitutivas de la figura típica contemplada y sancionada en el art. 303°, inc. 1° y 4° del Código Penal", es decir, lavado de activos.
Según la presentación de la OA, a la que tuvo acceso Télam, las maniobras se hicieron con operaciones de acciones de la firma Agro G SA que "le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de $ 54.286.824 entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20 al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri".
"Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G SA, la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos", agregó la denuncia.
Macri habría omitido además "maliciosamente" declarar "su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción"
"Así las cosas, queda claro que las conductas clandestinas de Agropecuaria del Guayquiraró S.A. y maliciosas de Mauricio Macri, han tenido como finalidad última a la vez que ocultar que la adquisición de las 5.064.938 de acciones preferidas por parte de este último se consumaron con dinero espurio, el exteriorizarlas para darle apariencia lícita", consigna la denuncia.
El expresidente "se alzó con $ 54.286.824 resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos", añadió el texto.
"Las maniobras clandestinas de Agro G. S.A. fueron desplegadas con la finalidad de ocultar la titularidad de Mauricio Macri de las 5.064.938 de acciones preferidas, y que el mencionado era un socio parcialmente oculto, en tanto sólo daba a publicidad y cumplía con las obligaciones legales respecto de una parte de su tenencia accionaria", concluyó.
Télam
Dirigentes gremiales de la mesa chica de la central obrera informaron a Somos Télam que recibirán a senadores nacionales para "seguir construyendo puentes a través de las cuestiones políticas y las leyes que el Gobierno ha presentado o presentará en el Parlamento".
El Gobierno oficializó en las últimas horas la suspensión de más de 9 mil cooperativas y pidió a otras 7 mil presentar documentación en los próximos días para poder seguir funcionando. Desde las organizaciones afectadas denuncian que estas medidas buscan “quebrar toda resistencia popular” para llevar adelante “un plan de miseria planificada”.
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La cartera de Defensa, que encabeza Luis Petri, despidió a 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, programas cruciales para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
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El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
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Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
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