El Mocase denunció que se intenta desalojar a la comunidad indígena de Bajo Hondo con la presencia de la Infantería provincial con una orden de la jueza Falcó del año 2019. Sentencia dictada sin el derecho a defensa de la comunidad, apelada y a la espera de resolución afirmaron desde la organización campesina.
Córdoba12 de junio de 2021
Sures Noticias
En tanto desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - Ministerio de Justicia de la Nación) han solicitado que suspenda de forma inmediata el desalojo.
La Presidenta del INAI (Ministerio de Justicia de la Nación), Dra. María Magdalena Odarda, ha solicitado a la jueza Rosa Falco que suspenda de forma inmediata el desalojo por ser contra la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de los pueblos originarios (la cual cuenta con la adhesión de la Provincia de Córdoba) y de los derechos constitucionales de los mismos.
Hasta el momento y de manera violenta se han desalojado a dos familias del territorio comunitario, tirando en el camino todas sus pertenencias, las y los vecinos han tomado la decisión de no dejar desalojar ninguna familia más. Las y los denunciantes señalan que el pedido obedece al dueño de Gaseosas Manaos Orlando Canido.
“Están violando claramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes plasmados en el Ley Nacional de Protección Integral y la Convención Internacional de la Infancia con rango constitucional” afirmaron desde el Mocase.
Nota de INAI
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El Centro de Almaceneros de Córdoba señaló en su informe mensual que el rubro de alimentos y bebidas sin alcohol fue el que más subió, con incrementos de hasta el 7% en carne vacuna, aceites y farináceos. La caída en la venta y la inseguridad alimentaria alarman a la población.
Este lunes 3 de noviembre inició el juicio contra Hernán Felipe Herrera Larenas, ciudadano chileno acusado de asesinar a Christelle Heredia en junio de 2024. El proceso judicial y el caso ponen en evidencia no solo el brutal episodio de violencia sino también las deficiencias en los sistemas migratorios y judiciales para prevenir femicidios.
El 3 de noviembre de 1995, tres explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero conmovieron a Córdoba y a todo el país. La tragedia dejó siete muertos, cientos de heridos y una ciudad marcada por la destrucción. Tres décadas después, la búsqueda de justicia y reparación sigue vigente.
El próximo martes 4 de noviembre a las 18:30 se realizará un panel homenaje titulado “El estado contra la dignidad obrera: persecución judicial, cesantías y clandestinidad a trabajadores. El caso de Agustín Tosco", con la participación de Mabel Sessa, Silvia Romano y Carlos Vicente.
Organizaciones sindicales de Córdoba organizan una charla con Hernán Letcher para analizar la economía actual a partir de la muestra “Miseria Planificada”, buscando fortalecer la memoria social y proyectar el futuro de la clase trabajadora.
El plenario nacional de La Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, manifestó su contundente repudio a toda iniciativa de reforma laboral que signifique retroceso en derechos, cuestionó la avanzada privatizadora y reafirmó su defensa de la banca pública como columna vertebral del desarrollo nacional. El sindicato también expresó su apoyo a Guillermo Moreno y criticó la doble vara judicial ante casos emblemáticos.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió la intervención de la secretaria de educación y logro la suspensión del docente Darío Martínez, de Lengua y Literatura del Colegio Bertrand Russell tras viralizarse audios en los que achacaba a sus alumnos sobre insensibilidad social y expresaba opiniones políticas críticas al gobierno de Milei. El caso abre una reflexión sobre la libertad, el respeto y la pluralidad en el aula.
Tras casi 50 años de impunidad, este martes 4 de noviembre se conoció la sentencia del juicio “El Villazo”, un proceso sin precedentes en la provincia de Santa Fe que juzga la responsabilidad civil y empresarial, junto con fuerzas represivas, por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos de Acindar en Villa Constitución en 1975. Todos los acusados fueron absueltos.
El antropólogo Juan Nobile, del Equipo Argentino de Antropología Forense, declaró ante la justicia de Resistencia que el río Paraná fue utilizado como método para desaparecer víctimas del terrorismo de Estado, incluyendo el caso emblemático de Carlos Tereszecuk.
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