La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, junto a Gastón Vacchiani, Secretario General de la UTS y a Lucrecia Cocha, delegada de la UPC denunciaron hoy penalmente al Gobernador y a su Ministro de Salud por incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
Córdoba03 de junio de 2021
Sures Noticias
Al respecto Echevarría dijo: “La situación de la provincia es dramática, el aumento incesante de los casos y las muertes evidencian que el colapso ya llegó, aunque se nieguen a asumirlo. En ese contexto, la política del gobierno se torna criminal. En su afán de conseguir votos, Schiaretti está arriesgando la vida del conjunto de la población. Y son numerosos los hechos que dan cuenta de incumplimientos sistemáticos de los deberes de funcionario público en los que incurre el gobierno, quizás el más evidente es la presencialidad forzada en las escuelas violando los acuerdos establecidos de acuerdo a ciertos parámetros epidemiológicos, pero también la apertura de prácticamente todas las actividades económicas no esenciales en el pico máximo de contagios, lo que demuestra que lo único que quiere cuidar el gobierno es el bolsillo de algunos empresarios. La recaudación provincial récord debe destinarse a ayudas sociales para que se pueda volver temporalmente a Fase 1 con contención real a los sectores que lo necesitan.”
Por su parte, el Secretario de la UTS Gastón Vacchiani, agregó: “El equipo de salud está agotado y en una situación dramática. El incremento de camas y la falta de inversión nos obliga, por ejemplo, a tener que elegir a quién darle oxígeno y a quién no. Con ese nivel de tensión es imposible trabajar. Y el Ministro Cardozo reconoce cínicamente que estamos colapsados, pero no hace nada para cuidarnos ni reconocer nuestra labor. Por el contrario, sigue maltratándonos como sucedió recientemente con el intento de traslados compulsivos a los residentes. Tenemos que frenar este desastre y por eso acompañamos esta denuncia”.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.