La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó hoy un informe especial sobre la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, al cumplirse un año del caso, en el que insistió en que se trata de una desaparición forzada de personas, cuestionó a la jueza del caso y ratificó que hay policías bonaerenses involucrados en el hecho.
Argentina01 de mayo de 2021
Sures Noticias
El informe fue presentado en un acto que se realizó en la localidad de Pedro Luro, donde desapareció Facundo, lugar en el que se habilitó un mural en su memoria.
Allí se encontraban Cristina Castro, madre del joven; sus abogados y miembros de la CPM, mientras que su presidente Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, lo hicieron en forma virtual.
En su mensaje, Cristina Castro agradeció el acompañamiento de la CPM y sostuvo que el mural que pintaron artistas de la zona “es la forma” en la que tratan de “recordar a Facu, como fue”, y la inspiración “a seguir luchando”.
“Espero que no tapen el mural porque vamos a seguir pidiendo justicia, no van a poder callarnos”, sostuvo y agradeció también el acompañamiento de las Madres “por la enseñanza de no bajar los brazos y luchar”.
Luego, añadió: “Somos otra generación que nos tocó pasar lo mismo en democracia”.
En el informe, la CPM consignó que “a un año de su desaparición seguida de muerte, la causa que tramita en la Justicia federal tiene una importante cantidad de prueba testimonial y técnica que vincula a la Policía bonaerense con el hecho".
En ese sentido remarcó que "hay al menos cuatro efectivos policiales identificados por sus intervenciones aquel día: todos ellos reconocieron haber estado en contacto con Facundo, sus testimonios fueron inconsistentes y ocultaron o borraron información".
"El Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria y la querella familiar coinciden en que la lectura integral de las pruebas del expediente refuerzan como principal hipótesis la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo", destacó.
A su vez, la CPM consideró que la jueza federal de bahía Blanca, María Gabriela Marrón, "obstruye cualquier intento por avanzar con la investigación judicial y conocer la verdad de lo que pasó", al rechazar medidas de prueba solicitadas por los fiscales y las querellas.
Ante esta situación, la CPM y Cristina Castro –representada por sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio– denunciaron a la jueza ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Durante el acto, el titular de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que las desapariciones forzadas de personas “son crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo”, y cuestionó “el accionar de la Policía que actúa con impunidad y la complicidad de algunos jueces del poder judicial”.
“La CPM trata de avanzar para que salga a la luz la verdad. Son muchas las evidencias de la Policía y no puede quedar en la impunidad este caso”, concluyó.
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Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
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El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
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