La segunda dosis de la Sputnik V contra el coronavirus puede darse hasta tres meses después de la primera, en lugar de los 21 días originales, sin que sea "afectada" su efectividad, anunció hoy Alexander Gintsburg, director del Centro de Investigación Gamaleya, que desarrolló la vacuna rusa.
Argentina26 de abril de 2021
Sures Noticias
"Con respecto a la vacuna Sputnik V diseñada por nuestro Centro de Investigación de Gamaleya, creemos que es posible aumentar el intervalo mínimo entre la primera y la segunda vacuna desde los 21 días aprobados anteriormente hasta tres meses", sostuvo Gintsburg en un comunicado difundido esta mañana.
Y añadió que "la extensión del intervalo no afectará a la vacuna, induce una respuesta inmune y, en algunos casos, la potenciará y prolongará".
Los desarrolladores de la Sputnik V informaron que esta conclusión proviene de "la experiencia en el uso de vacunas con la misma plataforma de adenovirus y, lo que es más importante, de campañas de vacunación masiva exitosas en Rusia y muchos otros países".
"Como desarrolladores de la vacuna, también apoyamos las declaraciones anteriores, realizadas de forma independiente, por respetados reguladores de la salud, como la ANMAT (Argentina), sobre la ampliación del intervalo entre inyecciones", indicaron.
Finalmente, sostuvieron que "dada la demanda excepcionalmente alta de la vacuna entre la población, esta decisión aceleraría significativamente la inmunización. Creemos que depende de cada regulador nacional decidir si mantener el intervalo de 21 días entre inyecciones o extenderlo hasta 3 meses ".
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.