La Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno Turno 5, a cargo de Gustavo Dalma, ordenó la detención de Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero, de profesión bioquímicas, medida que se hizo efectiva el 12 de abril pasado, en el marco de una investigación por el supuesto otorgamiento de constancias y certificados falsos de testeos de Covid 19.
Córdoba23 de abril de 2021
Sures Noticias
Ambas quedaron detenidas por los delitos de Estafa y Uso de documento privado falso en concurso real. Asimismo se ordenó la imputación de Florencia Galetto como autora del delito de Falsificación de documento privado y de Javier Lujan Zapata y Rodolfo Adrián Galetto como partícipes necesarios del delito de Estafa, permaneciendo estos últimos en libertad. La investigación se inició en la Unidad Judicial de Delitos Económicos, por una denuncia formulada por Pablo Rubén Gortinz, titular del “Laboratorio Gortniz” de la ciudad de Villa María, quien puso en conocimiento que una bioquímica había entregado un certificado de testeo de COVID-19 “negativo” falso, que luego de una investigación realizada en la mencionada Unidad Judicial, bajo directivas de la Fiscalía, se logró identificar a distintas víctimas que abonaron una suma de dinero que oscilaba entre los $ 6000 a los $ 11000 para practicarse estos testeos. Los mismos se realizaron en los domicilios de las víctimas durante el transcurso del año 2020, atento el contexto de pandemia y emergencia sanitaria existente. Estos estudios no se procesaban, y las imputadas entregaban como constancia, en algunos casos, certificados falsos del “Laboratorio Gortniz”, con resultados “negativo” todos ellos. La Fiscalía a cargo de Dalma continúa con la investigación.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.