Mediante ley aprobada, este miércoles de forma unánime, en la Legislatura de Córdoba a partir de ahora se establece la obligatoriedad, por parte de los colegios, consejos profesionales y otros organismos pertinentes de la provincia, de llevar un registro público y actualizado de las personas habilitadas para el ejercicio de la profesión de que se trate.
Córdoba15 de abril de 2021
Sures Noticias
La norma, de autoría de los legisladores Oscar González y Francisco Fortuna, indica que dicho registro “debe ser accesible, entre otros medios, a través del servicio web del colegio o consejo profesional, quien garantizará la actualización de los datos”.
González manifestó durante esta décima sesión que “la tarea del control de la matrícula reviste una importancia central en la sociedad moderna”.
“Se trata, ni más ni menos, de asegurar que toda la comunidad pueda confiar en los profesionales a los que encomienda el cuidado de su salud, de su patrimonio, de su libertad y de muchos otros valores fundamentales para el desarrollo de las personas”, señaló.
Y dijo también que el proyecto que obtuvo aprobación “busca facilitar el acceso a una información de indudable interés público: que la sociedad pueda saber, en forma segura y rápida, si quien dice ser profesional lo es en realidad, y con qué especialidad”.
Por su parte, el legislador Fortuna expresó: “Estamos convencidos de que con este proyecto damos un paso adelante en lo que significa tener un método que esclarezca al ciudadano común, al vecino, acerca de quiénes son los profesionales que efectivamente ejercen en nuestra provincia de Córdoba”. Al tiempo que enfatizó la necesidad de “que todos tengan acceso al conocimiento de la vigencia de las matrículas que habilitan, a través de los consejos y los colegios profesionales, precisamente el ejercicio de la profesión”.
“Es un valioso paso adelante, conseguido con el consenso de todos”, finalizó Fortuna.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
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Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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