El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reafirmó hoy la posibilidad de que se implementen "medidas que compensen" a los sectores que eventualmente se vean afectados por "mayores restricciones" ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el país.
Argentina13 de abril de 2021
Sures Noticias
"Si efectivamente hay sectores, rubros productivos o zonas del país que se ven afectadas, vamos a generar políticas sociales para acompañarlos, como lo hicimos el año pasado. Va a haber medidas que compensen a esos sectores que se vean afectados claramente por las mayores restricciones", afirmó Arroyo en diálogo con radio Continental.
En esa línea, recordó que se aumentó "en un 50% el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero" y que, además, se registró "un aumento del 40% en el apoyo a comedores y merenderos".
Asimismo, explicó que "el sector de los que hacen changas, que se había reactivado con más movimiento económico, se va a ver afectado por las restricciones en el transporte público".
De todos modos, puntualizó que la actual "no es la situación de abril, mayo y junio del año pasado, que se cerró absolutamente la actividad".
No obstante, indicó que desde el Ministerio de Desarrollo Social monitorean el tema "todos los días y la situación es realmente crítica, sobre todo porque ahora hay un problema serio con el precio de los alimentos".
Por otra parte, refirió que en la reunión de ayer en Casa de Gobierno con los expertos en materia sanitaria, de la que participó, y sostuvo que "se planteó que estamos frente a una nueva situación de la pandemia, y que el problema está en la circulación".
"La idea es ir monitoreando cómo va evolucionando la cantidad de contagios los próximos días", indicó el funcionario.
En cuanto al tema de la actividad escolar, destacó que "los expertos plantearon que tanto en las escuelas como en las fábricas, con protocolos, no se da el mayor nivel de contagios, sino en el movimiento y en la circulación".
"Es claro que tenemos que lograr la mayor presencialidad escolar para los chicos, porque el año pasado hubo mucha desigualdad, sobre todo por el tema de los que quedaron sin conectividad", subrayó el funcionario.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
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Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
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