La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue aceptada como querellante en la causa por la muerte de una mujer en el interior de una comisaría puntana hace un año, hecho por el que la familia pide que se investigue a la policía provincial, informaron hoy fuentes judiciales.
Argentina05 de abril de 2021
Sures Noticias
La muerte de Florencia Magalí Morales (39) ocurrió el 5 de abril de 2020 en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, en el norte de la provincia de San Luis, a la que ingresó en plena cuarentena por el coronavirus y donde fue hallada con signos de ahorcamiento.
Si familia descree en la hipótesis inicial de la investigación. que indicaba que se había tratado de un suicidio, y denunció que se está ante un caso de violencia institucional, por el que hasta el momento no hay imputados.
A casi un año del hecho, el 2 de este mes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue aceptada como querellante en la causa, luego de solicitarlo mediante un escrito en el que consideró estar ante un caso "de posible violencia institucional que podría derivar en una causa internacional contra el Estado argentino".
En base a ello, mediante un escrito que lleva la firma de Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y de Graciela Nora Kullock, como letrada patrocinante, el organismo requirió promover "el debido proceso y la búsqueda de verdad y justicia".
Por su parte, el abogado de la familia de Morales, Federico Putelli, consideró que "la muerte bajo custodia implica responsabilidad policial" y pidió, en declaraciones a Télam, que la fiscalía "se pronuncie sobre el pedido de indagatoria para todos los efectivos que estaban ese día en la comisaria".
"La presentación de la Secretaría de Derecho Humanos es muy importante en este marco -resaltó-, ya que como querellante podrá pedir medidas y recolectar pruebas en un proceso que no cuenta con perspectiva de género, ni ha sido tratado de acuerdo a los protocolos de la ONU y de UNIFEM para este tipo de casos".
Según la querella, la segunda autopsia sobre el cuerpo de la víctima concluyó que "falleció por asfixia, pero no se pudo deducir si fue por colgamiento o estrangulamiento" debido a que todas las muestras "presentan muy mal estado de conservación, como consecuencia de la putrefacción y de la utilización de formol de baja calidad y a mayor concentración de la establecida".
"Pedimos que el fiscal mueva la causa, impute a los policías que integraban la guardia y al comisario responsable de esa repartición porque, de hecho, Florencia entró a buscar su tarjeta de débito que estaba en poder de un numerario y salió muerta del lugar", dijo el abogado Santiago Calderón Salomón, también miembro de la querella.
Si bien el abogado admitió que las pruebas de autopsia se encuentran agotadas por la mala conservación del cuerpo, confía en el trabajo que realizó el personal de criminalística en el lugar del hecho, cuyas conclusiones aún no se conocen.
Al respecto, la fiscalía pidió que se incorpore a la causa una autopsia psicológica post mortem que realizaron distintos licenciados en psicología de las tres circunscripciones judiciales sobre Florencia.
Algunos de esos especialistas consideraron que la mujer tenía algún tipo de rasgo suicida, mientras que otros descartaron esa posibilidad.
Putelli sostuvo que "bajo ningún aspecto había un rasgo psicológico con tendencia al suicidio" de Morales, por lo que presentará un nuevo perito de parte.
"La supuesta tendencia suicida no condice con el informe socio ambiental y los informes que fueron recabados de sus familiares y su entorno", aseguró.
Durante esta jornada, familiares de Morales, junto con distintas agrupaciones feministas, se manifestaron en Santa Rosa del Conlara para pedir el avance de la causa, bajo la consigna "el Estado es responsable", y está previsto que haya movilizaciones similares en la capital provincial.
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La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba al ejecutar una sentencia de la Cámara Federal de Casación que le ordenó pronunciarse en ese sentido. La decisión conlleva la nulidad de todos los actos cumplidos con posterioridad a la medida implementada por orden de la dictadura, que derivaron en el vaciamiento del patrimonio de la firma.
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Sylvia Peñaloza, presidenta de IFICOTRA -Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo- en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, que se celebra este 5 de julio, reflexiona sobre la situación que atraviesa el movimiento cooperativo en tiempos de profunda crisis social y económica.