Mediante un comunicado, el bloque de senadores del Frente de Todos exigió que los jueces "lleven adelante sus investigaciones basados en criterios jurídicos y no en intereses políticos".
Argentina08 de marzo de 2021
Sures Noticias
El bloque de senadores del Frente de Todos denunció este lunes que "hay un sector de la Justicia" dispuesto a "manipular y entrometerse" en "procesos electorales" como parte de una "estrategia de persecución" de ese espacio político de cara al año electoral, y calificó como "una aberración jurídica" a la causa por el dólar futuro.
"Ante los hechos que son de público conocimiento vinculados a la causa judicial conocida como "dólar futuro", queremos manifestar nuestra absoluta solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el resto de las personas injustamente acusadas en dicha causa", expresó el bloque en un comunicado difundido esta mañana.
La bancada conducida por el senador José Mayans manifestó su "enérgico repudio ante el accionar de un sector de la justicia y de los medios de comunicación hegemónicos que, en forma articulada, continúan ejecutando una condenable persecución judicial y mediática contra nuestro espacio político en general y contra la Vicepresidenta en particular".
"Sin dudas, el hecho de que las personas acusadas en esta causa no hayan sido aún sobreseídas en la misma, constituye una verdadera aberración jurídica que vulnera las más elementales nociones de justicia", subrayan los senadores del Frente de Todos en el escrito.
Consideraron que la causa judicial se inició a partir de denuncias que son de "una falsedad absoluta y ası́ quedó demostrado en la causa judicial", donde "quedaron totalmente desacreditados todos los argumentos de la acusación".
También remarcaron que "quienes se beneficiaron con las operaciones del dólar futuro fueron los amigos y ex funcionarios del expresidente (Mauricio) Macri y las empresas vinculadas a su familia, luego de la brusca devaluación que ellos mismos decidieron e instrumentaron".
"En definitiva, la inexistencia de delito es evidente a todas luces. Estamos ante una decisión de política económica que no constituye una cuestión justiciable. Sin embargo, en esta Argentina del 'lawfare' permanente, parece que hay que explicar hasta las cuestiones más obvias ante algunos jueces que han olvidado que su rol es el de aplicar la Constitución Nacional y las leyes vigentes", agregaron.
Para los senadores, "a pocos meses de las elecciones de medio término en nuestro paı́s, hay un sector de la justicia decidido a repetir, una vez más, la práctica de manipulación e intromisión del Poder Judicial en los procesos electorales, actuando como brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción de nuestro espacio político".
Los legisladores del oficialismo exigieron que los jueces "lleven adelante sus investigaciones basados en criterios jurídicos y no en intereses políticos" y advirtieron que "si quieren participar en política, deberı́an renunciar a sus cargos en el Poder Judicial y someterse al voto popular".
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La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.
Una familia de cinco palestinos vivió una experiencia traumática al intentar ingresar a Argentina, en medio de un contexto migratorio tenso influenciado por el alineamiento del gobierno autoritario de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), conjuntamente con el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), informaron que “se solicitó a la justicia provincial una urgente medida cautelar (in extremis) para proteger la vida del quebracho blanco de 283 años de Villa Allende”.
La Red por los Derechos Humanos en contextos de encierro, junto al Museo de Antropologías, junto a IDACOR, CONICET y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, organiza una jornada de debate el 15 de julio de 2025 a las 18 hs en el Museo de Antropologías, para reflexionar sobre los derechos humanos desde las ciencias sociales.
Mientras el Gobierno Nacional utiliza los salarios como herramienta para consolidar la desinflación, Córdoba, gobernada por LLaryora, aliado de Milei, atraviesa un escenario de caída del empleo, ajuste real del salario y conflictos gremiales en alza. Las tensiones sociales crecen al compás de un modelo que prioriza las metas macroeconómicas sobre la recuperación del poder adquisitivo.
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