Mediante un comunicado, el bloque de senadores del Frente de Todos exigió que los jueces "lleven adelante sus investigaciones basados en criterios jurídicos y no en intereses políticos".
Argentina08 de marzo de 2021
Sures Noticias
El bloque de senadores del Frente de Todos denunció este lunes que "hay un sector de la Justicia" dispuesto a "manipular y entrometerse" en "procesos electorales" como parte de una "estrategia de persecución" de ese espacio político de cara al año electoral, y calificó como "una aberración jurídica" a la causa por el dólar futuro.
"Ante los hechos que son de público conocimiento vinculados a la causa judicial conocida como "dólar futuro", queremos manifestar nuestra absoluta solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el resto de las personas injustamente acusadas en dicha causa", expresó el bloque en un comunicado difundido esta mañana.
La bancada conducida por el senador José Mayans manifestó su "enérgico repudio ante el accionar de un sector de la justicia y de los medios de comunicación hegemónicos que, en forma articulada, continúan ejecutando una condenable persecución judicial y mediática contra nuestro espacio político en general y contra la Vicepresidenta en particular".
"Sin dudas, el hecho de que las personas acusadas en esta causa no hayan sido aún sobreseídas en la misma, constituye una verdadera aberración jurídica que vulnera las más elementales nociones de justicia", subrayan los senadores del Frente de Todos en el escrito.
Consideraron que la causa judicial se inició a partir de denuncias que son de "una falsedad absoluta y ası́ quedó demostrado en la causa judicial", donde "quedaron totalmente desacreditados todos los argumentos de la acusación".
También remarcaron que "quienes se beneficiaron con las operaciones del dólar futuro fueron los amigos y ex funcionarios del expresidente (Mauricio) Macri y las empresas vinculadas a su familia, luego de la brusca devaluación que ellos mismos decidieron e instrumentaron".
"En definitiva, la inexistencia de delito es evidente a todas luces. Estamos ante una decisión de política económica que no constituye una cuestión justiciable. Sin embargo, en esta Argentina del 'lawfare' permanente, parece que hay que explicar hasta las cuestiones más obvias ante algunos jueces que han olvidado que su rol es el de aplicar la Constitución Nacional y las leyes vigentes", agregaron.
Para los senadores, "a pocos meses de las elecciones de medio término en nuestro paı́s, hay un sector de la justicia decidido a repetir, una vez más, la práctica de manipulación e intromisión del Poder Judicial en los procesos electorales, actuando como brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción de nuestro espacio político".
Los legisladores del oficialismo exigieron que los jueces "lleven adelante sus investigaciones basados en criterios jurídicos y no en intereses políticos" y advirtieron que "si quieren participar en política, deberı́an renunciar a sus cargos en el Poder Judicial y someterse al voto popular".
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.