El intendente de la ciudad cordobesa de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR-JxC), calificó hoy al expresidente Carlos Menem, fallecido ayer a los 90 años, como "un personaje nefasto de la historia argentina" y ratificó su convencimiento de que tuvo participación en la voladura de la fábrica militar local en 1995.
Córdoba15 de febrero de 2021
Sures Noticias
En diálogo con Télam Radio, el jefe comunal dijo que los riotercerences “tienen el convencimiento" de que Menem tuvo "participación necesaria" en “los hechos que ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, donde hubo 7 muertos y muchísimas víctimas, 300 heridos, la destrucción de la ciudad”.
Ayer, la ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso del expresidente.
En sus declaraciones de hoy, Ferrer dijo que la no adhesión al duelo también “refleja la pena por tantos años de injusticia” ya que si bien se comprobó la existencia de un atentado, ninguna de las causas tuvo una condena firme contra el exmandatario.
Finalmente, Ferrer apuntó contra una Justicia “que no se encargó de cerrar” estos capítulos de la historia reciente y dijo que el Poder Judicial actual es “hijo de su gobierno”.
Río Tercero ya había declarado -por unanimindad- al caudillo riojano “persona no grata para que no se permitiera erigir ningún monumento” u homenaje.
El proceso judicial del último juicio que quedaba pendiente en el marco de la investigación por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas en 1995, que estaba previsto para el próximo 24 de febrero próximo en los tribunales federales de Córdoba, quedó concluido ayer con la muerte de Menem.
El expresidente era el único imputado que quedaba en la causa.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.