La Mesa de trabajo por los DDHH de Traslasierra, la Mesa de DDHH de Mina Clavero-Traslasierra y la Mesa Provincial de trabajo por los DDHH de Córdoba organizaron el pasado 13 de febrero el escrache a Enrique Armando Cicciari. El genocidad se encuentra con prisión domiciliaria en Mina Clavero desde 2017.
Córdoba15 de febrero de 2021
Sures Noticias
Un centenar de vecinas y vecinos e integrantes de organismos de Derechos Humanos de Traslasierras y de Córdoba marcharon desde la Plazoleta Merlo hasta la casa del procesado por delitos de Lesa Humanidad.
La actividad arrancó con una Radio Abierta en la plazoleta Merlo, en la entrada de la ciudad, después de dos horas de testimonios, anecdotas, adhesiones, encuentros y cantos, las y los presentes se movilizaron hasta la casa del genocida Cicceri. La columna avanzó por el pueblo mostrandole a les vecinas y vecinos la cara de este represor, quien estuvo prófugo 6 años y hoy viola su prision preventiva domiciliaria.
Testimonio de Mary Luque, integrante de la Mesa de DDHH de Traslasierra para Radio Las Chacras
Adhesón de Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Adherimos a este acto de justa denuncia contra un represor que viola, hasta ahora en forma impune, la prisión domiciliaria que le ha impuesto la justicia.
Pedimos que las autoridades correspondientes le asignen nuevamente a Enrique Armando Cicciari, procesado criminal de lesa humanidad, al lugar que le corresponde: la cárcel común, perpetua y efectiva.
Comprobando que estuvo prófugo durante cuatro años, que fundadas pruebas lo acusan de haber cometido crímenes aberrantes, y que para él la prisión domiciliaria es sólo papel impreso, vale mucho la consigna que guía este acto y tantos actos más: “¡Adonde vayan los iremos a buscar!”.
Esperando que en este caso se cumpla la justicia en forma cabal, los abrazamos desde lejos y les deseamos mucha suerte.
Marcha hacia el domicilio del represor Enrique Armando Cicciari
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
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Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.