El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) reanudará este miércoles las audiencias del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico-militar, en las que se continuará con la etapa preliminar y las indagatorias a 15 imputados por los crímenes cometidos contra 20 víctimas, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.
Argentina09 de febrero de 2021
Sures Noticias
El miércoles 10 de febrero a las 9, con una audiencia de doble turno, se escucharán los alegatos de apertura de las defensas y se dará lugar a las declaraciones indagatorias de los imputados.
En las audiencias realizadas en el mes de diciembre del año pasado, el fiscal José Nebbia trazó una vinculación directa entre el V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca y la subordinación de las unidades militares de la subzona 52 de Río Negro y Neuquén para explicar cómo se desarrolló el plan criminal en esta región del país.
Nebbia explicó la existencia de "vuelos clandestinos" que en junio de 1976 trasladaron a personas secuestradas por grupos de tareas en la región desde el Aeropuerto de Neuquén a Bahía Blanca.
De hecho, los centros clandestinos más importantes de Bahía Blanca y Neuquén se denominaron "La Escuelita" con directa dependencia de quien fuera el segundo comandante del V Cuerpo, General Acdel Vilas, tras su paso por Tucumán en 1975 al frente del "Operativo Independencia".
El fiscal detalló cuatro características del séptimo juicio que se celebra en Neuquén por delitos de lesa humanidad: la relación con Bahía Blanca, la acusación por homicidio de quienes son juzgados; la imputación a "un aviador" acusado del traslado de los detenidos y la investigación de la "violencia sexual" como delito autónomo, separado del de tormentos.
Las víctimas que continúan desaparecidas son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.
En tanto, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) requirió que los imputados sean juzgados por el delito de "genocidio", sobre la base de la Convención Internacional sobre Genocidio a la que la Argentina adhirió oportunamente.
Están imputados en este proceso Juan José Capella, Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.
Télam
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.