La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet está profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años de edad, Lilian Villalba y María Carmen Villalba, en Paraguay. Asi lo manifestó en un comunicado oficial.
Mundo05 de febrero de 2021
Sures Noticias
En un comunicado oficial emitido el 5 de febrero de 2021 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet expresó que de acuerdo con la información disponible, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 quilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación, eran ciudadanas argentinas.
Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar.
Se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta.
Evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos. En su lugar, las autoridades paraguayas han presentado cargos por “asociación terrorista” contra las madres de las víctimas – residentes en Argentina- y contra su tía Laura Villalba.
La Alta Comisionada urge a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, la Alta Comisionada Bachelet también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo.
La Alta Comisionada también llama a las autoridades paraguayas a proveer información sobre la actual situación de Laura Villalba Ayala, y asegurar la garantía de todos sus derechos de acuerdo con el derecho internacional, incluido el acceso a representación legal y su derecho a recibir visitas familiares.
La Alta Comisionada toma nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP. También observa que ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, e insta al gobierno a revisar y reformar el funcionamiento de esta entidad. La Alta Comisionada reconoce que el EPP representa una real preocupación de seguridad y que ha cometido delitos graves, como secuestros – el más reciente del ex Vicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020, que condena. Sin embargo, reitera que, al abordar los problemas de seguridad y actividades criminarles, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.