La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet está profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años de edad, Lilian Villalba y María Carmen Villalba, en Paraguay. Asi lo manifestó en un comunicado oficial.
Mundo05 de febrero de 2021
Sures Noticias
En un comunicado oficial emitido el 5 de febrero de 2021 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet expresó que de acuerdo con la información disponible, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 quilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación, eran ciudadanas argentinas.
Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar.
Se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta.
Evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos. En su lugar, las autoridades paraguayas han presentado cargos por “asociación terrorista” contra las madres de las víctimas – residentes en Argentina- y contra su tía Laura Villalba.
La Alta Comisionada urge a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, la Alta Comisionada Bachelet también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo.
La Alta Comisionada también llama a las autoridades paraguayas a proveer información sobre la actual situación de Laura Villalba Ayala, y asegurar la garantía de todos sus derechos de acuerdo con el derecho internacional, incluido el acceso a representación legal y su derecho a recibir visitas familiares.
La Alta Comisionada toma nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP. También observa que ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, e insta al gobierno a revisar y reformar el funcionamiento de esta entidad. La Alta Comisionada reconoce que el EPP representa una real preocupación de seguridad y que ha cometido delitos graves, como secuestros – el más reciente del ex Vicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020, que condena. Sin embargo, reitera que, al abordar los problemas de seguridad y actividades criminarles, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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