La Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución más de medio centenar de causas de crímenes cometidos por la dictadura militar, bajo una dinámica de prioridades muy criticada por los organismos de derechos humanos.
Argentina 16 de enero de 2021
Sures Noticias
A fines del año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una declaración en la que habló de "demoras injustificadas" por parte de la Corte para resolver los recursos pendientes.
"Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes", señaló la organización no gubernamental, una de las más involucradas en los procesos de memoria, verdad y justicia.
Uno de los expedientes más relevantes pendientes en la Corte tiene que ver con el recurso de queja presentado ante el fallo de la Cámara de Casación que en 2015 revocó el procesamiento del dueño del "Ingenio Ledesma", Carlos Blaquier, y su socio Alberto Lemos, por los delitos cometidos por militares y civiles durante la célebre "Noche del Apagón", ocurrida en Jujuy en 1976.
Si bien las decisiones de la Corte no están sujetas a plazos procesales, la principal queja de los organismos ante las demoras y falta de definiciones jurídicas es que con el paso del tiempo se consagra una suerte de "impunidad biológica" ya que los acusados terminan su vida sin fallos firmes y, por tanto, con presunción de inocencia.
Fuentes de la Corte explican que el nivel de litigiosidad viene escalando exponencialmente en el país en los últimos años pero que, pese a ello, se producen más sentencias anuales, como se hizo entre 2018 y 2019 cuando se pasó de resolver poco menos de 8 mil expedientes a casi 30 mil.
En el cuarto piso del Palacio de Justicia también argumentan que el servicio de justicia se complicó y lentificó por la pandemia y todo ello en un marco de "judicialización de la política" que, dicen, no colabora con un perfil de Corte más ejecutivo.
Precisamente uno de los aspectos más criticados de la Corte durante el 2020 fue la convocatoria a "acuerdos extraordinarios" de los cinco miembros del tribunal para intervenir en las demandas de los camaristas trasladados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que resistían la directiva del Consejo de la Magistratura y el Senado de volver a sus juzgados de origen por falta de acuerdo en sus designaciones.
Invocando el artículo 71 del reglamento de justicia, que faculta al presidente del máximo tribunal a convocar acuerdos, Carlos Rosenkrantz (designado en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri) forzó la intervención en los pedidos de Bruglia y Bertuzzi por considerar que era responsabilidad del cuerpo "dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces".
En contraste con esta celeridad para intervenir y definir, los organismos evocan el caso del recurso de queja que interpuso ante la Corte el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de Casación que apartó a dos miembros del Tribunal Oral Federal 5, que juzgaban al represor Horacio "Pantera" Ferrari por crímenes contra la humanidad perpetrados en la ESMA.
La Corte se tomó un año para rechazar, sin explicaciones, el recurso de los fiscales y Ferrari quedó afuera del juicio por estas complicaciones procesales que aprovechó su defensa.
Otro de los reclamos a la Corte es la puesta en funcionamiento de la "Comisión Interpoderes", creada en 2008 por la misma Corte, para agilizar y resolver los problemas que surgieran en las causas de lesa humanidad y cuya última reunión se celebró en 2016.
Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Corte la "puesta en funcionamiento" de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.
La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre, en una sesión con pocos miembros ya que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla "oportunista".
Tampoco participó Estela de Carlotto, quien señaló en la oportunidad que "la reunión la pedimos en mayo y recién llega ahora cuando la Corte está tan cuestionada: no queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos".
Télam
A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.
La ministra de Seguridad, Bullrich, anticipó la situación tras la detención de un joven de 15 años acusado de asesinar a un playero en Rosario. "Delito de adulto, pena de adulto", afirmó el vocero Manuel Adorni.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
El gobierno ya despidió a 231 trabajadores del Instituto del Cine. Más de 700 familias corren el riesgo de quedarse sin hogar. El gobierno de Javier Milei emitió una resolución para formalizar el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). De manera similar a lo sucedido con Télam, se definió su cierre virtual y se otorgó licencia a los empleados para su posterior reubicación y reasignación de tareas. Esta decisión se atribuye al "contexto de crisis económica general y al significativo déficit fiscal que el país ha enfrentado durante décadas".
La comunidad Mbya-guaraní Puente Quemado II de Misiones, necesita que nos solidaricemos con ella. Recordemos que esta comunidad, como muchas de la provincia de Misiones, están acorraladas por el extractivismo forestal. La multinacional Arauco*, radicada en Chile, controla aproximadamente el 10% de la provincia, y no solo destruye la selva para plantar pinos y eucaliptos, sino que también destruye el sustento de las comunidades indígenas de la zona, incluso usurpando ilegalmente parte de su territorio y/o expulsándolas, señalo la red en un comunicado
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.