El diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, manifestó que una vez más, a contramano de la política financiera del Gobierno Nacional, Schiaretti elige patear el problema de la deuda en lugar de volverla sostenible, comprometiendo el futuro de las y los cordobeses.
Córdoba13 de enero de 2021
Sures Noticias
En una publicación es sus redes sociales dijo que la provincia de Córdoba ha llegado a un acuerdo con sus acreedores en el marco de una negociación en la que secuencialmente la provincia fue cediendo ante las demandas de los acreedores, llegando a un resultado que no respeta los lineamientos de la sostenibilidad de la deuda.
Agrego: el alivio financiero real para la provincia resulta muy limitado. Córdoba alcanzó un cierre que representa el pago de 88 dólares por cada 100 de valor nominal y cupón promedio de 6%, con pago en efectivo y capitalización de intereses, condiciones que estuvieron ausentes en la reestructuración nacional en la que el pago fue de 54,80 dólares por cada 100 de valor nominal, con cupón promedio ponderado del 3%.
La oferta presentada por Córdoba resulta la más favorable para los acreedores, pagando por encima de otras provincias como Neuquén (83,5 dólares y cupón promedio de 5,35%) y Mendoza (83,4 dólares y cupón promedio de 5%) que ya han reestructurado su deuda, e e incluso del propio municipio de Córdoba.
Por último dijo: para que el alivio financiero sea real las tasas de interés deben ser acordes con la capacidad de pago. Las tasas de interés de los bonos emitidos en el ciclo de endeudamiento externo de 2015-2018 se han mostrado incompatibles con la capacidad de generación de divisas de la economía argentina. Por lo tanto, es necesario pensar más allá de las finanzas públicas provinciales, contemplando la disponibilidad agregada de reservas internacionales. Los acuerdos parciales o particulares de cada provincia deben enmarcarse en una política de Estado, consistente con la capacidad de generación de divisas del país. Más dólares pagados por las provincias a los acreedores externos son menos dólares para sostener el desarrollo nacional.
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Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.