El vicegobernador Manuel Calvo, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julián López, entregó aportes económicos no reintegrables a representantes de las organizaciones H.I.J.O.S. y Abuelas de Plaza de Mayo, filiales Córdoba en ambos casos. En septiembre pasado, la Asociación Civil Ex Presos Políticos y la Organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba recibieron contribuciones en el mismo sentido.
Córdoba23 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Por su reconocido trabajo en la “lucha contra el terrorismo de Estado y la defensa plural, no partidista, de los Derechos Humanos en la Provincia de Córdoba”, y tal lo previsto en la Ley Provincial 9.346, Manuel Calvo hizo entrega de 203 mil pesos a cada entidad.
Lo destinado busca contribuir con las actividades que estas ONG llevan adelante en defensa de los Derechos Humanos y la recuperación de la Memoria Histórica en el ámbito provincial.
Del encuentro participaron Patricia Chalina por la organización Abuelas-Córdoba y Cecilia Correas, presidenta de H.I.J.O.S. Córdoba.
Cabe destacar que en septiembre pasado, la Asociación Civil Ex Presos Políticos y la Organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba recibieron contribuciones en el mismo sentido.
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El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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