El vicegobernador Manuel Calvo, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julián López, entregó aportes económicos no reintegrables a representantes de las organizaciones H.I.J.O.S. y Abuelas de Plaza de Mayo, filiales Córdoba en ambos casos. En septiembre pasado, la Asociación Civil Ex Presos Políticos y la Organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba recibieron contribuciones en el mismo sentido.
Córdoba23 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Por su reconocido trabajo en la “lucha contra el terrorismo de Estado y la defensa plural, no partidista, de los Derechos Humanos en la Provincia de Córdoba”, y tal lo previsto en la Ley Provincial 9.346, Manuel Calvo hizo entrega de 203 mil pesos a cada entidad.
Lo destinado busca contribuir con las actividades que estas ONG llevan adelante en defensa de los Derechos Humanos y la recuperación de la Memoria Histórica en el ámbito provincial.
Del encuentro participaron Patricia Chalina por la organización Abuelas-Córdoba y Cecilia Correas, presidenta de H.I.J.O.S. Córdoba.
Cabe destacar que en septiembre pasado, la Asociación Civil Ex Presos Políticos y la Organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba recibieron contribuciones en el mismo sentido.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.