El fiscal Marcelo Medori solicitó hoy la destitución de su par de la ciudad neuquina de Cutral Có, Santiago Terán, por “mal desempeño” al acusarlo de actuar en contra del ordenamiento legal vigente en materia de violencia de género del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Argentina18 de diciembre de 2020
Sures Noticias
En su alegato, Medori aseguró que su colega actuó con “falta de mesura y prudencia", en lo que definió como “un raid comunicacional” entre el 31 de julio y el 6 de agosto de este año, lo que motivó fuertes reacciones por haber planteado como solución contra la violencia de género que las mujeres fueran autorizadas a portar armas.
También dijo que Terán “ignoró las políticas aprobadas por el Ministerio Público Fiscal” para abordar la violencia de género y con sus expresiones públicas ejerció “violencia institucional debilitando el rol del Estado”.
Medori sostuvo que la conducta de Terán fue “impropia” para un fiscal, al no respetar “el estilo y la prudencia que un funcionario de su jerarquía debe guardar“, y por esa razón solicitó su destitución.
Por su parte, Terán, en su alegato de defensa, tras una extensa introducción filosófica y de antecedentes familiares, reconoció que “se fue de boca”, que “perdió el estilo”, que “actuó mal” y que aceptaba “ser reprendido y castigado”.
“Mi carrera judicial se terminó”, dijo, y en su propia defensa durante el jury solicitó que se le aplique “una suspensión de 45 días”.
El fiscal neuquino fue denunciado por el Procurador General de la provincia, José Gerez por “mal desempeño” y por “desconocer las normas constitucionales” y la función que le cabe al MPF “en resguardo de la ley y de la paz social”.
El jurado de enjuiciamiento es presidido por el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Germán Busamia, e integrado por representantes de la Legislatura y del Colegio de Abogados de Neuquén, que desde hoy disponen de un plazo de 15 días hábiles para emitir su dictamen.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.