El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció esta tarde la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción, destinado a unos diez millones de personas de bajos ingresos. El gobierno no preciso como se accederá al servicio y las características del mismo
Argentina18 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Entre los planes creados en el marco del plan básico universal obligatorio, Cafiero precisó que en el caso de la telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago; mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes.
Cafiero explicó que podrán acceder al plan jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.
También podrán beneficiarse los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.
También los beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
La norma incluye asimismo a los clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) son una "inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales", afirmaron desde Jefatura de Gabinete.
Para el Gobierno nacional, esta medida se inscribe en una "política inclusiva con eje en la incorporación de la reglamentación asimétrica del DNU 690/20, reclamada por PyMEs y cooperativas y planteada por el presidente Alberto Fernández; la implementación del Fondo de Servicio Universal al servicio de la conectividad de barrios populares, zonas rurales y semi-rurales y la plena marcha del Plan Conectar; y la formalización del Reglamento de Compartición de Infraestructuras Pasivas, que habilita marcos de competencia en un sector cuyas redes e infraestructuras son esenciales para la producción, el trabajo y la vida cotidiana".
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
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