Un grupo de trabajadores despedidos de la empresa Cresta Roja mantenía esta mañana un acampe en Plaza de Mayo, en reclamo de la reactivación de la firma alimenticia bonaerense y en defensa de los puestos de trabajo.
Argentina02 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Los despedidos de Cresta Roja iniciaron ayer la protesta, tras viajar desde Esteban Echeverría a Capital Federal, y decidieron instalarse en la histórica plaza con un gazebo, ollas y carpas para visibilizar el conflicto que se remonta al año 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri.
"Seguimos esperando una respuesta. Un grupo de compañeros fue esta mañana hasta el Ministerio de Trabajo, que es donde está nuestro expediente, y seguimos buscando la posibilidad de diálogo para que se abra una audiencia y encontrar una salida a nuestro conflicto", dijo a Télam Carlos Stasiuk, vocero de los desocupados,
"Después de ser estafados por los Gobiernos de (Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal y por Joaquín de Grazia (presidente del directorio de la Granja Tres Arroyos); tras 1.800 días y noches sin una solución y con varias represiones policiales, nos movilizamos en defensa del trabajo, nuestras familias y la producción", dijo a Télam Carlos Stasiuk, vocero de los desocupados, en referencia al derrotero que sufrieron durante la anterior gestión de Juntos por el Cambio.
"Somos 2.000 familias que estamos viviendo como podemos y con grandes problemas con los alimentos en nuestras familias y no queremos volver a pasar otra Navidad sin trabajo", dijo el dirigente en referencia a las familias de los trabajadores que fueron despedidos en 2016 de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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