Trabajadores despedidos de Cresta Roja mantienen un acampe en Plaza de Mayo

En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Desde las primeras horas del día, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad en los accesos al Conicet, al Servicio Meteorológico Nacional, al Ministerio de Educación, la Cancillería, la Secretaría de Trabajo y el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos. "El gobierno nacional es quien actúa fuera de la ley con estos excesivos dispositivos de seguridad instalados en cada organismo público", afirmó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.

A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.

La comunidad Mbya-guaraní Puente Quemado II de Misiones, necesita que nos solidaricemos con ella. Recordemos que esta comunidad, como muchas de la provincia de Misiones, están acorraladas por el extractivismo forestal. La multinacional Arauco*, radicada en Chile, controla aproximadamente el 10% de la provincia, y no solo destruye la selva para plantar pinos y eucaliptos, sino que también destruye el sustento de las comunidades indígenas de la zona, incluso usurpando ilegalmente parte de su territorio y/o expulsándolas, señalo la red en un comunicado

El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.

El gobierno ya despidió a 231 trabajadores del Instituto del Cine. Más de 700 familias corren el riesgo de quedarse sin hogar. El gobierno de Javier Milei emitió una resolución para formalizar el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). De manera similar a lo sucedido con Télam, se definió su cierre virtual y se otorgó licencia a los empleados para su posterior reubicación y reasignación de tareas. Esta decisión se atribuye al "contexto de crisis económica general y al significativo déficit fiscal que el país ha enfrentado durante décadas".