El programa, que brindará asistencia económica y acompañamiento integral a personas que se encuentren en riesgo por violencia de género, es "parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias que presentamos en julio con el presidente Alberto Fernández, quien dijo que era muy ambicioso", afirmó la ministra.

"La principal acción que establecía ese plan es el Programa Acompañar. Hace unas semanas el Presidente firmó el decreto por el cual se creó este programa, que establece asistencia económica desde el Poder Ejecutivo a todas las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia por motivos de género", agregó.

"Salir de esas situaciones es absolutamente difícil y el Estado tiene que estar acompañando a esas mujeres y el acompañamiento requiere asistencia económica, y de recursos subjetivos, simbólicos, es decir, una asistencia integral", agregó.

Gómez Alcorta especificó que, a través del programa, "por seis meses se va a acompañar con una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, compatible con el acceso a la Asignación Universal por Hijo, monotributo social, y el trabajo vinculado a casas de familia".

"Será pagado vía Anses, y se articulará con municipios y provincias para que el ingreso de cada una de las personas que requieran el programa, el acompañamiento y asistencia integral, sea de modo conjunto con las áreas locales", explicó la ministra.

"Esta ha sido una de las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidad: pedir al Estado que cumpla el rol de acompañamiento, insustituible, y por eso celebramos poner en marcha el programa", sostuvo.

Del acto también participaban este mediodía el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y por videoconferencia la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.

El Programa, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, garantizará a través de convenios con las provincias y los municipios la asistencia económica a personas en riesgo por violencia de género y contará con una inversión de casi 4.500 millones de pesos.

La iniciativa abarca además otros dispositivos de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia y busca promover de manera integral el acceso a derechos económicos, sociales y políticos.