Militantes y dirigentes de movimientos sociales de izquierda se concentrarán en el Obelisco, para marchar luego a Plaza de Mayo, en reclamo de la apertura de una "mesa de diálogo" y para "impedir que haya represión" en el desalojo anunciado para hoy por la Justicia a las familias que ocupan un predio en la localidad de Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón.
Argentina21 de septiembre de 2020
Sures Noticias
"Ante la amenaza judicial de inminente desalojo a las 2.500 familias que están asentadas en un predio de Guernica, y frente a los operativos policiales intimidatorios ocurridos allí en los últimos días, distintas las organizaciones sociales nos estamos convocando para marchar hoy a Plaza de mayo", informaron a Télam voceros de las organizaciones convocantes.
De la manifestación -convocada para las 11 en el Obelisco y a las 12 en Plaza de Mayo- participarán el Movimiento Barrios e Pie-Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Movimiento Darío Santillán, entre otros.
"Nosotros creemos que todos tenemos derecho a la vivienda digna y los vecinos de Guernica también y para esto la salida no es la represión sino el diálogo entre las partes en el conflicto. Estamos haciendo un fuerte llamado a los Gobiernos para que haya una salida con diálogo y sin violencia", dijo a Télam Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.
Agregó que acompañan "la marcha de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica" y pidió la intervención "del Estado de forma urgente" para alcanzar "una solución para las familias que se encuentran asentadas".
"Las recuperaciones de tierras para vivir evidencian el estado de pobreza y de dificultad en el acceso a la vivienda, en pagar un alquiler. No se resuelve con desalojos ni patotas, sino con diálogo y la efectiva aplicación de la Ley de Hábitat”, planteó
La coordinadora de Barrios de Pie-Libres del Sur informó además que “en los últimos días se registraron situaciones de intimidación y hostigamiento a los vecinos de Guernica de parte de las fuerzas de seguridad y patotas identificadas con algunos sindicatos" de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Durante los primeros días de septiembre, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras tomadas en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, y estableció que el procedimiento debe realizarse en horario diurno.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, de acuerdo con el fallo al que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Raúl Dalto, Miriam Ermili y María Silvia Oyhamburu confirmaron el fallo del magistrado y ordenaron “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.