En primer lugar, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Gustavo Gómez, afirmó que se trata de un tema que “exige una posición consistente con los estándares internacionales de los derechos humanos, con el régimen republicano y el estado de derecho”, y en ese sentido, planteó la necesidad de “establecer pautas de regulación pública frente al poder de las empresas privadas”.
A su turno, Gaspar Pisanu, analista de Políticas Públicas de la organización Access Now indicó que “es necesario encontrar respuestas adecuadas a los complejos fenómenos sociales como el discurso de odio o la radicalización en línea”.
Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Esteban Lescano señaló: “Buscamos un régimen general que proteja los derechos de los usuarios y asegure el desarrollo de empresas de internet, sus servicios y aplicaciones”.
