La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy que se ordene una pericia informática urgente contra Google para usarla como prueba en una futura demanda civil a la empresa, a raíz de lo ocurrido el 17 de mayo pasado, cuando el buscador asoció su nombre al mote de "ladrona".
Argentina 06 de agosto de 2020
Sures Noticias
Google "publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante con relación a mi mandante, mancillando su nombre, imagen y honor", advirtió en el pedido de prueba anticipada el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, según el texto al que accedió Télam.
"Se trata de un pedido de prueba anticipada para formular una demanda civil", explicaron a Télam fuentes del entorno de la vicepresidenta.
Fernández de Kirchner también dio cuenta de lo hecho en su cuenta de la red social Twitter, en la que informó que hizo una presentación judicial "para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda".
"Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera incalculabe", escribió la vicepresidenta.
El escrito se presentó ante la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal para el correspondiente sorteo de juzgado.
Beraldi recordó que el 17 de mayo último a las 00.20 la vicepresidenta "se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de 'ladrona'".
"Al buscar el nombre de la Dra. Fernández en la plataforma de la demandada, esta asoció en su propio panel, sin derivar a la web de ningún tercero sino bajo su exclusiva órbita y responsabilidad, el nombre de mi mandante a la calidad de "ladrona", atacando su imagen y honor en clara violación de sus derechos personalísimos y de la Ley de Defensa del Consumidor", sostuvo Beraldi.
El pedido de prueba previo a presentar la demanda fue hecho por el defensor de la vicepresidenta en su rol de apoderado, con el patrocinio letrado del abogado Luis Goldin.
"La noticia fue una verdadera sorpresa, no solo por la (supuesta) seriedad de 'Google', sino porque, además, mi mandante es usuaria, hace años, tanto de su motor de búsqueda como de su canal de "YouTube" desde el año 2011", agregó.
Además, se remarcó la "supina" preocupación "para que la empresa cumpla con sus condiciones y cuide a los usuarios de estas agresiones, no solo por la salud de mi mandante sino por las graves implicancias institucionales que puede tener en un caso como el que nos suscita".
"Es por esto que solicito se nos escuche y se haga lugar a la reparación del terrible daño ocasionado en clara violación de los derechos personalísimos de mi mandante y la ley de defensa del consumidor", concluyó.
Dentro del panel de conocimiento del principal buscador de la web, en lugar de describirse el cargo institucional de Vicepresidenta de la Nación "que actualmente ejerce Cristina Fernández de Kirchner, figuraba en forma maliciosa y difamante la leyenda de 'Ladrona de la Nación'", se recordó en la presentación.
La prueba anticipada busca obligar a Google a arbitrar "todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador 'Google' de una persona destacada".
"Esta información deberá almacenarse en un formato que asegure la integridad de los datos, empleando metodología de Informática Forense", pidieron los abogados.
También se pidieron informes sobre cómo se pudo generar esa información, cuánto tiempo estuvo activa, cantidad de visualizaciones, visitas e interacciones que tuvo y qué acciones tomó Google con relación a esa publicación.
Consultada por Télam, desde la empresa se limitaron a afirmar que tomaron conocimiento "de esta información a través de los medios" pero que aun no han sido "debidamente notificados".
A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
El llamado es a movilizarse el martes 23 de abril. La iniciativa se confirmó luego de que las autoridades académicas debatieran acerca del sentido de la universidad pública, el presupuesto y la situación salarial de las y los trabajadores de las casas de estudio.
La validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que establece una desregulación sin precedentes en la economía argentina se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que aún no ha definido una fecha para su tratamiento, mientras los legisladores opositores buscan garantizar el quórum frente un Congreso dividido, el oficialismo se concentra en conseguir apoyos para aprobar una nueva versión de la Ley Bases.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo sábado la inauguración de un microestadio en el Municipio de Quilmes por invitación de la intendenta local, Mayra Mendoza, y al ratificar su presencia en ese acto en un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró que el pueblo argentino “está siendo sometido a un sufrimiento inútil”, por parte del gobierno del presidente Javier Milei.
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa iniciará a las 9.30 la audiencia en la que escuchará las últimas palabras de los acusados, tras lo cual brindará su sentencia en lo que es el juicio número 14 por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado en la provincia mediterránea. Las organizaciones de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los DDHH y el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba convocaron a asistir a la lectura de la sentencia.
Más de 8.000 personas participaron de la propuesta conjunta realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. El paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura para oficializar el nuevo nombre del puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.