En este expediente se conoció hoy también que fue procesado sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país el exespía Alan Ruiz, sindicado como el jefe operativo de la banda que realizó las tareas de espionaje bajo el falso argumento -según los investigadores- de que ambos domicilios podían ser eventuales blancos de ataques terroristas.

De acuerdo con la investigación judicial, la orden que habría bajado de Ruiz al grupo de espías que realizaba las "tareas de calle" era la de vigilar e informar si en ambos domiclios ingresaban o salían "bolsos".

Fuentes judiciales dijeron que, según aportó la investigación, esa orden le llegaba directamente de Silvia Majdalani.

Las citaciones fueron dispuestas por el juez Juan Pablo Auge, a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, quien convocó en calidad de imputado al último jefe operacional de Contrainteligencia de la AFI en la gestión Cambiemos, Martín Coste; tal como habían requerido los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

En la resolución que llegó esta tarde a los abogados de las partes se informaba que Coste estaba citado para este viernes (que es feriado), Majdalani para el domingo y Arribas para el lunes, pero según pudo saber Télam de fuentes judiciales hubo un "error material" con la elección de las fechas, por lo que se estaban corrigiendo.

Ruiz, quien en el mundo de los espías era conocido por el alias de Augusto Rovero, “coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales”, sostuvo el juez en la resolución a la que accedió Télam.

Las tareas de espionaje ilegal “consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, según se indicó en la resolución.

El juez destacó en el fallo que Ruiz ocupaba en la AFI un cargo que “no tenía registro alguno dentro del organigrama de dicha dependencia”, lo que le permitía reportar directamente a Majdalani salteando a los directores de las distintas áreas de la central de espías.

“El imputado no respetaba la estructura jerárquica propia del organigrama de esa dependencia y su actuar fraccionaba y quebraba el esquema establecido institucionalmente, rompiendo con la cadena de mando constituida, ya que en muchas ocasiones actuaba por encima de sus superiores, dado que tenía un vínculo directo con quien era en aquel momento la Subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani, también conocida en la jerga de la AFI como la ´número 8´ o ´la 8´”, escribió el juez Auge en el fallo de 97 páginas.

De los testimonios recogidos en el expediente, algunos aportados por un testigo de identidad reservada, se pudo reconstruir que la orden que Ruiz había dado al equipo que le reportaba era la de “detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”.

La “vigilancia” se hacía, de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar –uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria- desde donde los espías podían verlo todo; mientras que por las noches se utilizaban “autos de técnica” que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes.

Ruiz, a quien se le trabó un embargo por 500.000 pesos, fue procesado por violación a la ley de inteligencia pero también por falsedad ideológica, dado que los investigadores detectaron que una vez descubierto el espionaje ilegal desde la AFI se llevaron a cabo maniobras para encubrir el episodio y se elaboraron documentos para intentar dar a esas actividades “apariencia legal”.

En ese contexto fue que, el 9 de Agosto de 2018, Arribas y Majdalani “suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia” con el que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos.

Desde la AFI de Cambiemos se intentó justificar el espionaje ilegal bajo el pretexto que las tareas habían sido desplegadas para desarrollar “vigilancia perimetral” en el marco de una causa abierta por supuestas alarmas de atentado que estaba radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, que debió excusarse de intervenir en este expediente.

Esta causa se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite, y que se pudo haber utilizado para fines ilegales.

“Se utilizó desde finales de octubre de 2018 hasta finales de octubre de 2019, sin ningún tipo de control judicial, y durante todo el período previo a las elecciones nacionales del año 2019”, se había indicado en la denuncia.