El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, consideró hoy que "hacer conjeturas y una inmediata vinculación política" con la muerte de Fabián Gutiérrez, ex secretario presidencial de Cristina Fernández "habla de la bajeza de la oposición" y estimó como "muy prematuro e irresponsable aventurar cualquier cuestión" antes de una investigación del hecho.
Argentina04 de julio de 2020
Sures Noticias
"Hacer conjeturas y una inmediata vinculación política con la muerte de Fabián Gutiérrez habla de la bajeza de la oposición. Ahora corresponde que actúen las fuerzas de seguridad para que encuentren a los responsables”, señaló Mena en dialogo con AM 750.
“No me consta que Fabián Gutiérrez (que había declarado en 2018 como arrepentido en la causa de los cuadernos) haya estado bajo protección de testigos” remarcó Mena y precisó que “protegidos y arrepentidos son dos cosas distintas”.
El sistema de protección de testigos está dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (como lo son el narcotráfico, el secuestro extorsivo, el terrorismo, los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, y la trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en riesgo.
La figura del arrepentido está regulada por la ley 27.304 y permite que se puedan reducir penas a las personas imputadas de un delito a cambio de que suministren información confiable para el esclarecimiento de un hecho.
El beneficio para quien declara como arrepentido es la reducción de la pena a la de tentativa, es decir, de un tercio a la mitad.
El empresario Fabián Gutiérrez fue encontrado muerto esta mañana por la Policía de Santa Cruz en una vivienda de la localidad de El Calafate, luego de que tres de los detenidos por el caso de su desaparición confesaran ante la Justicia que lo habían asesinado, informaron a Télam fuentes judiciales.
El cuerpo fue encontrado golpeado y con un corte en el cuello, precisaron las fuentes con acceso a la investigación.
En tanto, Mena afirmó que "ahora corresponde la investigación de las autoridades competentes, es muy prematuro e irresponsable aventurar cualquier cuestión”.
Por su parte, la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que "la desaparición y muerte" de Gutiérrez es un hecho de "mucha gravedad institucional".
"Tardaron mucho en encontrarlo y en dar una información oficial. Esperemos que no se haya cambiado nada en la escena del crimen. Volvió del exterior hace pocos días, hizo la cuarentena y en cuanto salió a la calle lo encontraron muerto. Desde anoche nosotros sabíamos que había sido asesinado", señaló Bullrich en declaraciones a radio Rivadavia.
Con la firma de Bullrich, Federico Angelini (PRO); Alfredo Cornejo, Alejandra Lordén (UCR); Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC), Juntos por el Cambio emitió hoy un comunicado en el que sostiene que la muerte de Gutiérrez se trata de "un crimen de la mayor gravedad institucional".
"Pedimos que, por la posible conexión de su muerte con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la justicia federal. Y que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso. La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato", señaló el texto difundido por la coalición opositora.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.