El Ministerio de Desarrollo Social advirtió hoy sobre fraudes y estafas vinculadas a microcréditos y programas sociales de personas que se hacen pasar por funcionarios y afirmó que esa cartera no pide datos personales ni bancarios por teléfono, mail o servicios de mensajería.
Argentina02 de julio de 2020
Sures Noticias
"Para llevar adelante estas maniobras fraudulentas han utilizado tanto llamados telefónicos como cuentas de mails y envíos por redes sociales y Whatsapp", afirmó el ministerio en un comunicado.
En ese sentido, destacó que presentó "diversas denuncias judiciales ante los intentos de fraude y estafa por parte de personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de este ministerio".
En el contexto de esos fraudes, sostuvo que "ofrecen microcréditos y acceso a otros programas sociales a cambio de obtener datos personales y bancarios de los potenciales beneficiarios".
"Recordamos que desde este ministerio no pedimos datos personales ni bancarios por teléfono, mail o por servicios de mensajería", manifestó la cartera de Desarrollo Social.
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
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