La presentación tuvo la participación del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el politólogo Atilio Borón, Gustavo Tissera de la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba, Lyllan Luque, querellante en juicios de lesa humanidad en Argentina, Isabel Rauber filósofa, docente y la hija del refugiado Hugo Moldiz, Patricia Moldiz.
Córdoba17 de junio de 2020
Sures Noticias
La campaña tiene como objetivo que se obtengan salvoconductos a siete ex autoridades bolivianas que permanecen asiladas, hace más de siete meses, en la embajada de México en La Paz.
Las y los asilados son el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el exministro de Defensa, Javier Zavaleta; el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz; el ex ministro de Justicia, Héctor Arce; la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca; el ex gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el ex director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.
Patricia Moldiz, hija de uno de los refugiados, señaló "Encontramos que los salvoconductos son un hecho de Derechos Humanos, la no salida de los refugiados es ilegal, se está pidiendo por el derecho al asilo y el otorgamiento de los salvoconductos"
La presentación de la campaña internacional, Virginia Carranza, docente de Historia y miembro del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos.
Sures Noticias estuvo presente en la conferencia y le formulamos la siguiente pregunta al Dr. Raúl Zaffaroni:
¿Ante la amenaza de incursión de la fuerzas golpistas a la embajada de Méjico en las Paz para extraer a los refugiados, los estados nacionales como el Argentino, pueden hacer algo al respecto?; en audio su respuesta.
Video completo de la Conferencia
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.