En un escrito presentado este martes a través de su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta -en su rol de querellante en el caso- pidió investigar esta reunión, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último.
Argentina16 de junio de 2020
Sures Noticias
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este martes la existencia de otra reunión en Casa de Gobierno entre el ex secretario general de la presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En un escrito presentado este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a través de su abogado Carlos Beraldi, la Vicepresidenta -en su rol de querellante en el caso- pidió investigar esta reunión, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último, informaron fuentes judiciales.
"Respetuosamente solicito que se arbitren todas las diligencias que resulten necesarias para constatar la información proporcionada" y "disponer las medidas correspondientes", pidió Beraldi en el escrito ante el juez que lleva adelante la investigación por presunto espionaje ilegal a funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas y otras víctimas durante el macrismo.
La Vicepresidenta se presentó como querellante en la investigación de una supuesta asociación ilicita que realizó maniobras de espionaje ilegal desde la AFI.
La reunión se habría concretado en 2016, de acuerdo a la información del registro de ingresos a la Casa Rosada a la que se accede a través del sitio web http://poderciudadano.org/quienes-ingresaron-a-la-casa-de-gobierno-en-los-ultimos-8-anos/ , según detalló el letrado.
Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de 2016 entre las 10.21 y las 13.04 en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, cuyo titular durante la gestión de Mauricio Macri fue Fernando de Andreis.
Del encuentro formaron parte Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes según constancias de la causa judicial "habrían prestado funciones en áreas de inteligencia".
"Asimismo, por la coincidencia horaria, en este encuentro también habría participado, entre otros, Rodrigo Simón", un integrante de la Policía Metropolitana, se agregó en el escrito.
Según la información que consta sobre anteriores reuniones, se habrían concretado unas doce entre los imputados en el caso Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez con la entonces funcionaria Susana Martinengo, quien estaba encargada del área de "Documentación" de Presidencia.
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Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
El fotorreportero formalizó desde el Hospital Manuel Rocca su presentación como querellante en la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, en la que fue gravemente herido por un disparo de gas de la Gendarmería. La querella reclama avanzar sobre los mandos del operativo y sobre la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusan de intentar influir en la Justicia desde los medios.
El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
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Trabajadoras y trabajadores de prensa de todo el país, nucleados en Fatpren y en sus sindicatos de base, rechazaron la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y advirtieron que profundizarán el plan de lucha para frenar el retroceso de derechos y la postergación de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
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