El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo hoy que "no relaciona" al ex presidente Mauricio Macri con la causa sobre presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos durante el gobierno de Cambiemos, y reiteró su "confianza" en el ex mandatario.
Argentina14 de junio de 2020
Sures Noticias
"Siempre repudio esas situaciones. Es algo que hemos visto en la historia política durante muchos años. Pero me parece importante que el juez investigue a fondo", afirmó Larreta, quien la semana pasada se presentó como querellante en la causa que lo tiene como una de las presuntas víctimas.
En declaraciones a Radio 10, el mandatario capitalino expresó: "Obviamente soy damnificado y repudio esto, tanto que me pase a mí como a cualquiera. Voy a seguir la causa y lo veo al juez con ganas de seguir a fondo".
Consultado respecto de la supuesta responsabilidad política de Macri en la causa, Rodríguez Larreta subrayó que "confía" en el ex presidente porque un mandatario no puede ser "responsable de lo que hagan decenas de miles de funcionarios".
"Para eso está la investigación del juez. Yo confío que esto no es una decisión de Macri ni nada por el estilo", dijo e insistió: "Obviamente no me parece bien, y por eso me presenté como querellante. Pero yo no lo relaciono a Macri con el tema".
En la causa radicada en Lomas de Zamora se investiga a una organización con inserción en el Estado nacional cuyos integrantes habrían llevado a cabo tareas de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, sociales, sindicales y comunitarios.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.