El titular del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), Carlos Ortega, afirmó hoy que "el teletrabajo no regulado rompe la solidaridad entre trabajadores", al analizar de forma virtual la realidad de los empleados que realizan tareas bajo esa modalidad.
Argentina04 de junio de 2020
Sures Noticias
Ortega destacó que "el teletrabajo significa la ruptura del convenio contractual y del sistema solidario de los trabajadores, por lo que de aceptarse sufrirán en breve las consecuencias de la explotación y el individualismo", afirmó el dirigente.
También indicó que "uno de los desafíos que plantea la pandemia es enfrentar la individualidad" y sostuvo que el gremio de la Anses que encabeza es de "servicio" a la comunidad y "se equivocaría si discutiese si hay que hacer o no teletrabajo".
"Existen cosas más profundas. Hay que aprender de esta crisis la necesidad de ser más solidarios y empáticos con los problemas de la sociedad. Es preciso ofrecer la discusión por la subjetividad y la función del trabajo", señaló en un comunicado.
En relación con el rol del Estado durante la pandemia de coronavirus, Ortega sostuvo que "el desafío es construir un Estado mucho más presente, porque la inclusión no puede ser solo en términos de asistencia sino que ese Estado debe ser la herramienta y el motor de las grandes políticas industriales", remarcó.
Además, Ortega sostuvo que la cuarentena obligatoria agudizó "la situación endémica de violencia machista, por lo que es urgente y necesario la promoción de políticas para la independencia económica y habitacional de las víctimas".
El dirigente respaldó además el movimiento "Ni Una Menos" y exigió la aplicación de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y estrategias para la prevención y erradicación de esa problemática, en una charla virtual en la que participaron el titular de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Héctor Amichetti, y las diputadas nacional y provincial del FPT María Martínez y Soledad Alonso.
Ortega y Amichetti militan en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que lidera el dirigente bancario Sergio Palazzo e integran más de 25 sindicatos.
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El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.